El paro de 24 horas fue convocado por dos de las cuatro principales
asociaciones de jueces, que representan a menos de 2.000 magistrados de
los 4.500 que hay en el país europeo.

Decenas de jueces secundaron este miércoles una huelga sin precedentes en España para protestar por la escasez de personal y la saturación de trabajo en la administración de justicia y las carencias en infraestructuras y servicios.

La convocatoria ha abierto un debate sobre si los jueces tienen derecho o no a ir a la huelga. Pero los grupos denuncian un colapso de la justicia en España y acuden al paro como medida de presión para exigir la contratación de más funcionarios, un incremento de la inversión y una administración informatizada, sin expedientes amontonados en las estanterías de los tribunales.

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Aseguran que más de 200.000 procesos están pendientes de resolución y que algunas sentencias tardan más de dos años y medio en dictarse.

Está previsto que el paro no afecte a causas urgentes y los magistrados de la Audiencia Nacional, encargada de los delitos de terrorismo, tampoco secundarán la huelga, aunque sí expresaron en un comunicado su apoyo a las reivindicaciones de los jueces.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo el miércoles que todo el mundo comparte las demandas de los magistrados, pero matizó que la huelga no es el camino.

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Es complicado hacer pronósticos, pero creo que el apoyo (al paro) va a ser bastante minoritario, señaló a la salida del Parlamento. Hay un grandísimo grado de responsabilidad de los jueces, por eso creo que no irán a la huelga.

El paro fue convocado por la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Las dos asociaciones de jueces mayoritarias en España -Jueces por las Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura- dijeron compartir los objetivos, pero precisaron que prefieren otras formas de protesta.

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El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces en España, cuestionó la legalidad de la huelga, pero no especificó si podría imponer sanciones a los magistrados en paro.

El detonante de esta crisis judicial se produjo el pasado mes de septiembre, cuando un juez fue multado por un retraso en la orden de encarcelamiento de un pederasta, que mientras estaba en libertad mató a una niña aprovechando el vacío legal.

El caso puso de manifiesto la acumulación de trabajo que padecen muchos juzgados en España.