El Ministerio de Gobierno confirmó que según sus registros anuales se han entregado a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) diferentes valores que fluctúan entre $ 37.000 y $ 100.000.
Los gastos del año pasado, de $ 100.000, aún se encuentran pendientes de justificación por parte de la Aldhu, según explicó Felipe Abril, ministro de Gobierno.
El funcionario investiga internamente el destino de esos fondos que fueron entregados en otros gobiernos y anunció que de comprobarse que los dineros del Estado no han sido utilizados para los fines autorizados, además de las acciones legales, podría dar lugar a la terminación de todo convenio suscrito, así como a la disolución del organismo.
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Abril señaló además que esta institución suscribió un convenio general de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Gobierno durante el régimen de Fabián Alarcón, el 20 de marzo de 1997, de carácter declarativo, entre sus objetivos está el de favorecer la difusión, promoción, formación y defensa de los derechos humanos; y no se incluye la entrega de recursos económicos por parte de Estado.
El convenio en la cláusula tercera señala: “Los recursos necesarios para alcanzar los objetivos del convenio se buscarán de común acuerdo”.
La Aldhu evitó pronunciarse ayer sobre el tema. Juan de Dios Parra, secretario ejecutivo, mantuvo reuniones reservadas con el vicepresidente de la organización, el senador chileno Juan Pablo Letelier, quien se encuentra en el país, para analizar la situación de la organización.
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La Aldhu está en investigación luego de que José Ignacio Chauvin y el ex abogado de la organización, Diego Benítez, han sido vinculados por el fiscal del Guayas, Jorge Solórzano, en un caso de narcotráfico.
Las organizaciones de derechos humanos esperan que el Gobierno no los estigmatice por este caso.
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Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Derechos Humanos, señaló que las organizaciones de derechos humanos han sido incómodas para los gobiernos, incluido el actual, porque “son independientes y ponen el dedo en la llaga, y denuncian lo que deben denunciar y eso no le gusta a ningún gobierno, ni al actual”.
