La polémica por la elaboración del Código Orgánico de la Función Judicial continúa.

El fiscal Washington Pesántez, crítico del proyecto, elaborado a pedido del ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, dice que espera que el ‘Congresillo’ corrija las “barbaridades” del texto, que según él, afecta la autonomía del Ministerio Fiscal.

Si esto no pasa, aguarda a que el Presidente de la República, su amigo personal de hace 20 años que tiene “oídos receptivos”, vete el texto.
 
Y si Correa no lo veta, advierte, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

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En Latacunga, capital de Cotopaxi, Pesántez inauguró el viernes la oficina número 23 del Ministerio Público. Aplausos, una placa y hasta un retrato pintado a mano le entregaron en agradecimiento.

Antes, un acalorado discurso era en defensa de la autonomía del Ministerio que, según advierte el fiscal, está en peligro si el ‘Congresillo’ aprueba sin correcciones el ‘Código Andrade-Jalkh’, que ya pasó el primer debate.

El proyecto fue elaborado por el ex magistrado Santiago Andrade, a pedido del ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, a un costo de $ 60.000. 

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El tema desató la polémica en la última semana.

¿Qué tan cercano es al presidente Correa, pues entre las pocas personas cuya gestión destaca, está la suya? El Presidente es un hombre muy objetivo, lo conozco desde hace 20 años, cuando estudiamos en Bélgica, en la universidad de Lovaina.

¿Por qué no le pidió una cita para alertarle sobre las ‘barbaridades’ del Código Andrade-Jalkh?  Buena idea, buena idea, pero el Presidente ya ha dado su criterio de que se busque un consenso, espero que el señor Jalkh se haga eco de esa orden presidencial.

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¿Por qué no le pidió al Presidente que detenga el debate para corregir los errores?   Hubiese sido una buena alternativa, mas, cuando ya  estuvo presentado era tarde para enmiendas.

¿Por qué no las planteó antes?  Hicimos observaciones, presentamos un proyecto alternativo en el que, sin cambiar la mayoría del articulado, intentamos corregir los errores de interpretación constitucional que irrespetan nuestra autonomía. Pero, cosa rara, el doctor Jalkh siempre buscó cualquier pretexto para no asistir al análisis y dejó a su representante, el doctor Andrade, con quien fue imposible un debate de altura.

¿Por qué?   Porque lejos de discutir democráticamente, de manera iracunda, dijo que la desgracia de la Función Judicial se debe a que dos mensajeros o amanuenses llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que la corrupción está en los secretarios y amanuenses, por eso, en ese malhadado código, se les niega el derecho a una carrera en la Función Judicial.

¿Cuál fue su reacción?  Le dije que eso es retrógrado y me advirtió que el asunto ya estaba hablado con el Presidente, lo cual es falso, porque cuando el Mandatario me consultó si hubo consenso, le dije que no y pidió que se lo haga. Entonces analizamos artículo por artículo, acordamos que responderían nuestras objeciones, pero han pasado tres semanas y solo he escuchado las diatribas (injurias) del ministro Jalkh y del doctor Xavier Arosemena, presidente del Consejo de la Judicatura, acusándome de que defiendo parcelas de poder cuando ha sido el doctor Jalkh, quien en algún momento intentó meter la mano en la Fiscalía, pensando que hay cuotas de poder, pero aquí no tiene acceso.

¿Cómo intentó hacerlo?  No quiero personalizar ni mediatizar el discurso, en el momento oportuno, de continuar en esa línea,  tendrá  respuesta.

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¿Quiere decir que hablará en caso de que no acojan sus observaciones al proyecto?  Mi prioridad es la institución, prefiero no mezclarla con una acusación malévola de carácter personal. Represento a 1.650 funcionarios de la Fiscalía que no quieren ser condenados al ostracismo, ni perder su derecho de ascender.

 Tal como están las cosas, al presidente Correa le tocará dirimir este conflicto mediante un veto. ¿Qué hará si eso no ocurre?  Coincidimos con el Presidente en la necesidad de una Ley Orgánica para la Administración de Justicia, eso no tiene nada que ver con el malhadado código. Respeto los criterios generales sobre la capacitación, hay una serie de principios universales que no los ha inventado el doctor Andrade, sino que los ha copiado inclusive de legislaciones de otros países. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que atenta contra la autonomía y la carrera fiscal es inaceptable.

¿Si no hay veto presidencial?
El Presidente de la República tiene oídos receptivos y sabe que este malhadado código no ha sido consultado con nadie. El consenso es del autor del documento y del señor Jalkh. De no haber veto, cosa que descarto, en última instancia hay Corte Constitucional.

 ¿Será que lo está presionando para que deje el cargo?
A mí nadie me presiona, no me han presionado para ejercer el cargo  ni para dar nombramientos. Yo no me dejo presionar ni de mi querida esposa.

¿Por qué está en riesgo la autonomía del Ministerio Fiscal?
En el artículo 298 de este mamotreto se propone hacer del Consejo de la Judicatura un monstruo burocrático facultado para crear, suprimir y nombrar a todos los funcionarios y jueces de todas las dependencias de justicia del país. Además controlará la asistencia, disciplinará y dará permisos.

Usted dijo que está investigando el pago de $ 60.000 a $ 70.000 por la elaboración del Código. ¿Eso es delito, tiene pruebas?  El Ministro de Justicia tercerizó la elaboración del Código y ha pagado
$ 60.000 al estudio Andrade y Ubidia Asociados para que le den haciendo este proyecto, en el que el doctor Jalkh no ha puesto ni una sola coma. Eso es el Ministerio de Justicia, todo concesionado, compra de vehículos, más burocracia. Este es el proceso revolucionario parecidísimo al de gobiernos de hace diez años, que concesionaron la elaboración de la trole 2 y 3.

¿Será que con el proyecto se busca bloquear las acciones de la Fiscalía? Prefiero pensar que es por desconocimiento, pues, que yo sepa, el doctor Gustavo Jalkh se ha especializado de mediador. Me han dicho que en su larga trayectoria tiene como diez horas de mediación. No voy a permitir que los rezagos de Projusticia metan sus uñas en la Fiscalía.