En el Ecuador y en la mayoría de los estados democráticos, o que al menos intenten serlo (considerando la dramática agonía del derecho en ciertas naciones sudamericanas), se reconocen a nivel constitucional los derechos humanos de los individuos, sin distinción de su raza, color, nacionalidad, ideología o religión.Ello como consecuencia de que existen derechos que nacen con el ser humano mismo, que forman parte de su esencia, más allá de su reconocimiento en las  leyes.Entre esos derechos, uno muy importante es la presunción de inocencia.Según este principio-derecho, todo ciudadano se presume inocente hasta tanto no se pruebe lo contrario.Tratando de dar una explicación un poco más precisa, podríamos decir que esa inocencia se presume por mandato de la ley, hasta tanto el máximo juez competente lo declare formalmente como culpable o responsable mediante sentencia legalmente expedida que no ya es susceptible de ser modificada.El origen de la presunción de inocencia data de los primeros intentos del ser humano por tratar de regular las relaciones de los ciudadanos. Así, para garantizar la igualdad frente a la ley y el derecho a un debido proceso de juzgamiento de las personas, antes de que la sociedad les impongan sanciones por sus acciones u omisiones perjudiciales para la paz ciudadana, la presunción de inocencia se erige como una garantía fundamental de todo individuo a ser juzgado imparcialmente, de acuerdo con la ley, con la finalidad de evitar  en lo humanamente posible que se sancione a un inocente. La realidad ecuatoriana, en cuanto a la presunción de inocencia, es lamentablemente catastrófica. Miles de ciudadanos pasan años encerrados en cárceles, sin juzgamiento, con órdenes preventivas de prisión y en muchos casos, además, inocentes son sentenciados por no poseer los recursos económicos para una adecuada defensa judicial. La razón principal de todo ello es el estado de postración de la administración de justicia ecuatoriana, que por injerencia política y prácticas corruptas, con honrosas y escasas excepciones, más bien constituye una permanente fuente de inseguridad jurídica y desprotección de los derechos humanos. A ello debe agregarse el creciente abuso y atropello (en estos tiempos) por parte de las autoridades públicas, prevalidas del poder y los recursos que se supone son puestos a su disposición para otras finalidades, contra ciudadanos civiles evidentemente en desventaja en todo sentido. Esa protección de los derechos humanos, supuestamente, es una de las razones de existencia del Estado y una de sus principales responsabilidades por mandato constitucional. Sin embargo, la deuda de los gobiernos con los ciudadanos en esta materia es gigantesca. Por el contrario, en el Ecuador de hoy campea la impunidad; el delincuente, el corrupto, el que perjudica a su prójimo o se beneficia ilegalmente de los fondos del Estado en muchos casos compra su libertad, perdón y olvido, o lo consigue manipulando los poderes públicos y la justicia. Y el inocente, en muchísimos casos, cumple sanciones ilegalmente y ocupa en las cárceles el lugar que en estricta justicia bien les correspondería a los denominados ladrones de “cuello blanco”. En lo jurídico, por lo menos, este no es un día para celebrar en el Ecuador.