Demanda contra EE.UU. por actos violentos contra latinos

Una demanda internacional contra EE.UU. por violar los derechos humanos de los latinos fue presentada ayer por la organización legal LatinoJustice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó Aníbal Romero, abogado afín a esa agrupación.

LatinoJustice alega que el gobierno de EE.UU. no cumple con su deber de proteger a sus residentes latinos, tal como le obliga la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada hace 60 años por los países miembros de la OEA.

Por esta convención, EE.UU. está obligado a asegurar la protección de todas las personas que residen dentro de sus fronteras, explicó Romero vía telefónica desde EE.UU.

La acción legal tiene su origen en la serie de ataques racistas que culminaron con la muerte de los ecuatorianos Marcelo Lucero en Patchogue, Nueva York, en noviembre, y José Sucozhañay en Nueva York, este mes, así como del mexicano Luis Eduardo Ramírez, en julio en Shenandoah, Pensilvania.

“Mediante nuestro trabajo estamos viendo incidentes muy graves motivados por sentimientos antilatinos y antiinmigrantes. El gobierno de EE.UU. no está tomando ninguna medida para prevenir estos ataques y tampoco ha hecho nada para proteger a los latinos de estos incidentes motivados por el odio racial”, afirma César Perales, presidente de LatinoJustice, en un comunicado.

La organización también alega que “la política de inmigración agresiva adoptada por EE.UU. ha fomentado un ambiente peligroso para todos los latinos en el país, sean residentes legales o ‘sin papeles’ (...), pues esta fue instituida con poca consideración para los derechos humanos de los inmigrantes latinos”.

“Es una petición que han presentado dos personas particulares que aparecen en la documentación con sinónimos legales que en español podrían traducirse como ‘fulano de tal’”, señaló Romero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe analizar si hay fundamentos legales para que la petición sea acogida por la Corte Interamericana de DD.HH., ya que esta se creó solo para atender peticiones oficiales de países, no de personas, dijo Romero.

Agregó que la medida es además una forma de presionar políticamente al nuevo gobierno de Estados Unidos, liderado por el demócrata Barack Obama, para que ponga interés en los casos mencionados e impulse una reforma migratoria