Territorios de la Cordillera del Cóndor, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, poseen -según estudios de  compañías- las más grandes reservas de minerales  del país, como oro, cobre e iridio. Ahí también está la más férrea oposición a la explotación. Mineras canadienses y estadounidenses tienen interés en operar en la zona. La Conaie anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Minería, que está en la Comisión Legislativa. Directivos de la Cámara de Minería afirman que oponerse a la extracción es una locura.

Los indígenas shuaras Arutam, quienes muchos de ellos lucharon contra el Perú en el conflicto del Cenepa de 1995, afirman ahora estar en pie de guerra para evitar que las mineras ingresen a su territorio en la Cordillera del Cóndor. Ahí están las más grandes reservas de oro, cobre y otros minerales. La Cámara Nacional de Minería estima que el país tiene reservas por $ 220 mil millones.

Los dirigentes shuaras critican a las grandes empresas que apoyan la nueva Ley de Minería, que actualmente se debate en la Comisión Legislativa y que es auspiciada por el presidente Rafael Correa. Las acusan de dividirlos y señalan que acabarán con los ríos y la selva. Los directivos de estas compañías aseguran que hay una oposición ciega.

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Entre la maleza están unos hierros retorcidos por el fuego, paredes cuarteadas, cenizas, residuos de sanitarios. Es lo que queda de un campamento de la compañía Ecuacorriente, saqueado e incendiado a inicios del 2008 por un grupo de indígenas shuar opuestos a la actividad minera. Hoy es un cúmulo de escombros en un claro de la frondosa selva de Pananza, en el sureste de Morona Santiago, en  la cordillera del Cóndor.

A 2 km del sitio hay un pueblo joven. Es la comunidad shuar Nankintza, formada por unas siete casas, cuyos techos están armados con el zinc del campamento minero destruido. Ofelia Chamik, shuar de unos 34 años, mientras lava su ropa dice que no se cansará de repetir que ella y sus vecinos no desean a las mineras; que estas hacen daño a la naturaleza y que luchará por impedir su retorno.

Muestra regocijo porque cuatro comunidades, Upunkius, Wapis, Tzunsuin y Cutucús, que se alejaron de la Asociación shuar Arutam (que la integran una decena de comunas) para apoyar a la minera, ahora “se han dado cuenta” y están en su contra. “No les pagaron los 9 mil dólares que Ecuacorriente ofreció para que la gente saque las muestras. Como aquí no les dejamos pasar esos cajones se quedaron adentro y ahora shuar están destruyendo otro campamento”, señala la mujer.

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Un kilómetro adelante, desde un mirador se aprecia, en medio de la tupida selva, otro campamento desmantelado semanas atrás. Los shuar se reunieron y definitivamente dijeron no a la compañía. En Quito, Leonardo Elizalde, presidente de Ecuacorriente, desmiente que esta empresa tenga cuentas pendientes con los indígenas. “No conozco todavía a los invasores... Eso está denunciado y en procesos legales por destrucción de la propiedad privada. Solo sabemos que algunos de ellos han manifestado que no desean la minería y por eso han destruido los lugares de almacenamiento de muestras, que tienen un valor de 4 millones de dólares”, refiere.

Ofelia Chamik asegura que los shuar están en pie de guerra. En esa actitud se mantienen  cientos de habitantes de la cordillera del Cóndor y otros sectores de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, así como en otras provincias del Austro, mientras los integrantes de la Comisión Legislativa debaten en Quito la nueva ley minera enviada por el presidente Rafael Correa, que propone, entre otras cosas, dar facilidades a la minería a gran escala a cambio de compensaciones para los comuneros. La Conaie la rechaza; los empresarios mineros la respaldan.

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El Ministerio de minas no dispone de  cifras concretas sobre reservas minerales en el país pero  la Cámara Nacional de Minería estima que se podrían obtener $ 220 mil millones. El rechazo a la activida minera se da en varias provincias pero el principal foco  lo constituyen 47 comunidades (unas 8.000 personas) de la Federación del Pueblo Shuar Arutam,  asentadas en la cordillera del Cóndor, escenario en 1995 de la guerra del Cenepa, entre Ecuador y Perú. Analistas de la época afirmaban que la gran reserva de minerales de esta zona motivaban la disputa.

Este es un espacio de selva de unas 200 mil hectáreas. Según Santiago Kingman, coordinador de proyectos de Fundación Natura, estudios de las mineras revelan que en la zona existirían 550 toneladas de cobre mezclado con oro, molibdeno e iridio. Incluso se menciona que habría uranio. Pero la riqueza más valorada por los shuar son los ríos y la biodiversidad. Hay 640 especies de aves, 140 de mamíferos y miles de tipos de plantas.

La pelea entre mineros y nativos viene desde hace una  década en esta zona. En noviembre del 2006, los comuneros de Warints expulsaron a la minera estadounidense Lowell. Pese a la oposición las empresas entraron e hicieron exploraciones en zonas concesionadas por el Estado, pero estas autorizaciones fueron anuladas por la Constituyente con el mandato 06 de inicios del 2008. Las canadienses Ecsa (con 11 concesiones), I Am Gold (10) y Aurelian Resources (38), entre otras 30 empresas esperan explotar los recursos.

“Si las mineras quieren entrar, que el presidente Correa venga y acabe con el pueblo shuar. Si estamos muertos, el espíritu Arutam se levantará”, dice Héctor Jimpikit, síndico de la comunidad  Tiink, a donde se llega desde Gualaquiza tras recorrer una hora en carro y otra a pie, por el fango. El pasado jueves un centenar de adultos y niños se concentró con cartelones de rechazo a la minería a la llegada de un equipo de este Diario.

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La mayoría dice que el presidente Correa quiere acabar con la naturaleza; lo señalan como enemigo del pueblo shuar. Aseguran que no han recibido ninguna obra suya, pero tampoco la piden, aunque la más grande necesidad es una vía carrozable. Tiink tiene 500 habitantes, luz eléctrica, dotada cuando en el Ecorae estaba el indígena Marcelino Chumpi (gobierno de Lucio Gutiérrez). Entre el 2004 y 2006 también recibieron agua entubada, computadoras para el colegio y la escuela y una panadería comunal. No todas las localidades poseen lo que tiene Tiink. La mayor parte carece de luz, agua y centros educativos.

Raúl Petsaint es el presidente de la federación que agrupa a 47 comunas shuar. Él refiere que aunque se apruebe la ley minera, los shuar se levantarán e impedirán el acceso de las empresas. Habla no solo del riesgo de la naturaleza, por la contaminación de los ríos, sino que lamenta los problemas sociales generados por las mineras. Las acusa de comprar a determinados dirigentes para crear división.

Eso pasó con las cuatro comunidades que se aislaron de la Asociación shuar Arutam de Gualaquiza. Los dirigentes de Tiink señalan que las empresas ofrecen dinero a directivos excluidos por malos manejos económicos, a quienes los designan promotores para que conquisten adeptos con regalos y alguna obra comunitaria. Dicen que Cutucús, por ejemplo, recibió una planta de luz y sus pobladores tenían constantes agasajos.

En Tiink decenas de comuneros dudan de Abilio Shacay, su presidente, quien –afirman– se dejó convencer de las mineras. Él lo niega y aclara que son rumores creados por las empresas para provocar divisiones.

Fabián Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador y de la Cámara de Loja, culpa a los ambientalistas. “Ellos son los que están haciendo eso (dividiendo a los comuneros), nosotros no, porque estamos trabajando con esa gente de ahí”.

La mayor parte de criterios contrapuestos está entre los colonos que viven en zonas aledañas a las comunidades shuar. Pero estos están a expensas de los indígenas, quienes incluso amenazan a los colaboradores de las mineras, como sucedió hace un año en Pananza.
“Dijeron que iban a quemar la casa si seguía dando la comida a los  trabajadores”, refiere una mujer de 50 años que tenía un restaurante.

Quienes defienden abiertamente a las compañías son los campesinos de Los Encuentros y unos veinte recintos del norte de Zamora. Señalan que Aurelian Resources, empresa canadiense, les cambió la vida por un tiempo, porque dio trabajo a unas 600 personas con sueldos promedio de $ 250. “Ojalá dejen que trabaje”, indica José Ocampo, quien hacía  excavaciones.

Aurelian halló en la cordillera del Cóndor, sector Fruta del Norte, unos 14 millones de onzas de oro (con un precio promedio de $ 11.480 millones en el mercado mundial) y 22 millones de onzas de plata ($ 352 millones), considerada en el 2007 como la mayor reserva de oro del mundo. Hoy emplea a 70 personas y espera la aprobación de la ley minera para continuar explorando y entrar a explotar, si los shuar no dicen lo contrario.