Se pule plan de auditorías para concesiones de agua

Interagua está entre las tres concesionarias privadas que hay en el país. La Senagua, nueva entidad reguladora, definirá parámetros que se usarán con las empresas privadas.

La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) prepara las auditorías de los contratos de delegación de servicios de agua potable y alcantarillado para empresas privadas, y las concesiones de agua para el riego y otros usos.

Según los registros de la Senagua, hay 64 mil concesiones de agua para diferentes usos  y en las Agencias de Agua se ventilan  40 mil juicios por el uso del líquido entre comunidades, empresas, organismos seccionales y el Estado.

Jorge Jurado, secretario del organismo, señaló que en las auditorías se analizará si el agua se emplea para aquello que solicitaron (riego, industria o consumo humano) y no se  evaden tarifas, además de cumplir con la función social.

Senagua alista plan para 64 mil concesiones

Las disposiciones transitorias 26ª y 27ª de la Constitución aprobada en el referéndum del domingo pasado, señalan que en un plazo de 360 días y dos años, en su orden, deben efectuarse revisiones de los contratos de delegación de servicios de agua potable y alcantarillado para empresas privadas; y las concesiones de agua para el riego y otros usos.

Está previsto que la Secretaría Nacional del Agua, organismo creado en mayo pasado en reemplazo del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, se haga cargo de esas auditorías.

Actualmente, según los registro de la Senagua, hay 64 mil concesiones de agua para diferentes usos (ver gráfico); y en las Agencias de Agua se ventilan unos 40 mil juicios por el uso del líquido entre comunidades, empresas, organismos seccionales y el Estado.

El secretario del organismo, Jorge Jurado, señala que la dependencia ha definido algunos criterios que se aplicarán en la revisión de las concesiones de agua de la transitoria 27ª.

En el aspecto técnico analizarán si se concesionaron los caudales (flujo de agua) que los usuarios necesitaban y si los están usando conforme las sentencias (fallos).

En el parámetro “uso real“, tomarán en cuenta si se está empleando el agua para aquello que solicitaron (riego, industria o consumo humano) y no están evadiendo tarifas.

También medirán si se está cumpliendo la función social del agua, considerando la prelación de su uso determinada en la nueva Constitución: derecho humano para consumo directo; riego para garantizar la soberanía alimentaria; fines ambientales, que permita el soporte de vida en la naturaleza, y lo productivo y económico.

El cuarto asunto que la Senagua tomará en cuenta es el aspecto ambiental; es decir, si los usuarios están cuidando que el líquido no se contamine.

Respecto a los parámetros para evaluar los contratos de las empresas privadas (transitoria 26ª), Jurado señala que todavía no hay nada definido. Actualmente hay tres empresas que dan el servicio: Interagua (Guayaquil), Triple Oro (Machala) y Amagua (Samborondón).

César Cárdenas, director del Observatorio de Servicios Públicos de Guayaquil, señala que los criterios para evaluar las concesiones tienen que ser previamente acordados con la ciudadanía, no solo tienen que venir de la parte oficial.

En el caso de Interagua, Cárdenas señala que tiene que recopilarse información sobre el proceso precontractual, el contrato, las inversiones y hacer sondeos con los usuarios para conocer su nivel de satisfacción con el servicio.

Elías Morocho, dirigente de las cerca de 40 comunidades aledañas al canal de riego ubicado en Tabacundo (Pichincha), coincide con ese pedido.

A ellos les costó casi tres años de litigio con el Municipio de la localidad conseguir que la Agencia de Aguas le entregara el manejo del canal; antes el Cabido, según el dirigente, le daba prioridad a las necesidades de las floricultoras del sector, afectando a la población indígena.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no vamos a aceptar imposiciones, no aceptaremos que nos quiten el canal”, advierte el dirigente, quien señala que están cuidando el recurso y, de forma solidaria, lo reparten entre todas las comunidades.

Gonzalo Guzmán, dirigente de Recursos Naturales de la Ecuarunari (una de las filiales de la Conaie), opina que el Gobierno debe formar una comisión especial con técnicos del Estado, representantes de las organizaciones sociales y los usuarios de los sectores urbano y rural (juntas de aguas, comunidades, empresas o industrias y concesionarios privados).

Jurado señala que hasta la próxima semana la Secretaría tiene que definir el presupuesto con el que trabajará para hacer las auditorías.

Derecho
Entre los derechos del Buen Vivir, la nueva Constitución reconoce al agua como un derecho humano fundamental.

Naturaleza
Dentro del Régimen de Desarrollo, en el apartado de los Recursos Naturales, el texto indica que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de las cuencas hidrográficas.