Tras la aprobación de la nueva Constitución, una de las primeras leyes que deberá ser aprobada por  la Comisión Legislativa es la de Soberanía Alimentaria, un tema que no tiene mayores resistencias, pero que contempla polémicas, como la discusión sobre la propiedad de la tierra.

El texto constitucional plantea que “el Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental”. Para ello, dispone la creación de un fondo nacional de tierra, establecido por ley, que regule el acceso equitativo de los campesinos.

A ello le suma la prohibición del latifundio y la concentración, “así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”.

Una propuesta de ley para aplicación de estas disposiciones está siendo definida, en discusiones de base, por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), independiente de la Conaie y vinculada al Partido Socialista.

Luis Andrango,  presidente de la Fenocin, explica que el proyecto plantea cinco puntos: un modelo de desarrollo agrario; un régimen de tenencia de la tierra, recursos naturales y biodiversidad; un esquema de comercio solidario; un marco institucional específico; y un paquete tecnológico para la producción.

El proyecto de la Fenocin propone un límite a la tenencia de la tierra. “Para la Sierra máximo de 180 hectáreas, y para la Costa y  Amazonía, 280”, dice Andrango, pues –basado en estadísticas demográficas– afirma que en la Sierra hay mayor concentración poblacional.

Señala que la expropiación se aplicaría para las tierras que no cumplan su función social; es decir, no paguen impuestos, no estén en producción y no tengan un papel ambiental.

La ley creará el fondo nacional de tierra con dinero del Estado, que para la Fenocin debe ser entregado a los campesinos para adquirir las tierras expropiadas. ¿Quién va a definir qué se expropia y qué no? Para Andrango, se debe realizar un censo nacional agropecuario.

Pedro de la Cruz, ex asambleísta de PAIS, destaca que la expropiación ocurrirá “previo al pago de una justa valoración”. Los casos particulares –herencias, adquisiciones de migrantes, por ejemplo– aún deben ser definidos en la ley.

Patricio Maldonado, ex presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, manifiesta que “las tierras deben cumplir la función social, si por alguna circunstancia no lo hacen, el Estado debe comprar esas tierras y evitar el minifundio”.

Manuel Chiriboga, experto en temas rurales y agropecuarios, advierte que la expropiación de tierras debería ser el último recurso y que la redistribución debe empezar por las propiedades del Estado. Por ejemplo, las áreas que están abandonadas o las haciendas incautadas a narcotraficantes.

El fondo, a su juicio, debe estar constituido por las tierras, no por dinero. Recomienda  definir bien lo que se entiende por función social o expropiación, “para evitar abusos”.

De la Cruz asegura que esta ley será aprobada antes de febrero del 2009.

Cifras
Según cifras de la Asamblea Constituyente, hasta el año 2000, más del 50% de las unidades agropecuarias estaban en manos del 3% de la población.

Venezuela
En Venezuela se está tratando una ley de reordenamiento territorial, propuesta por el gobierno del presidente Hugo Chávez, que permite la expropiación de tierras privadas.