La Secretaría Nacional del Agua (Senagua) tiene listo un primer borrador del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento de las Aguas. La actual Ley de Aguas rige desde 1975.

El proyecto ratifica el principio constitucional que prohíbe “toda forma de privatización del agua”, “toda delegación al sector privado de la gestión de agua”, “la delegación de la prestación de servicios relacionados con ella”, “la administración privada de ese servicio” y “cualquier forma que imponga un régimen económico basado en la inversión privada lucrativa para la gestión del agua y los servicios relacionados”.

El proyecto tiene 200 artículos en los que se detallan cómo se realizará la entrega de concesiones de uso de las aguas, además de los controles, las sanciones y la gestión.

César Cárdenas, director del Observatorio de Servicios Públicos de Guayaquil, dice que ese cuerpo legal tiene vacíos porque no plantea claramente cómo incluir a la ciudadanía en el control y elaboración de políticas del manejo del agua.

La Ecuarunari tiene también un proyecto de Ley que, al momento, están compartiendo con las otras dos filiales de la Conaie (Confenaie y Conaice).

Gonzalo Guzmán, dirigente de Recursos Naturales de la organización, expresa que la nueva ley debe recoger tres preceptos básicos de la nueva Constitución: el Estado plurinacional, los Derechos de la Naturaleza y el modelo de economía social y solidaria.

El secretario del Agua, Jorge Jurado, expresa que el texto definitivo estará listo en unos 45 o 60 días más.

Hasta entonces realizarán foros y seminarios con los usuarios (comunidades, industriales, agricultores y otros) para que opinen sobre el contenido del documento y presenten observaciones, aunque el borrador que ya circula contiene sugerencias de sectores sociales y ecológicos vinculados con la gestión del agua.

Este será entregado al “Congresillo” o a lo que será la nueva Asamblea Nacional dentro del paquete de leyes de los sectores estratégicos que está preparando el Ejecutivo junto a la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).

La primera disposición transitoria de la Constitución da un plazo de 360 días para que el órgano legislativo (sea el Congresillo o la nueva Asamblea Nacional) apruebe la ley.