Las contratistas de la empresa brasileña seguirán trabajando  con el Estado.

Una respuesta diplomática firme y rápida exigieron ayer gremios industriales de Brasil a su gobierno para defender los intereses de la empresa Odebrecht, expulsada de Ecuador.

La Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base exigió ratificar al Gobierno de Ecuador y al mercado internacional que Brasil no acepta decisiones intempestivas que no respeten derechos.

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El presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, advirtió ayer la posibilidad de cobrar las garantías de los proyectos que estaban siendo ejecutadas por la constructora brasileña Norberto Odebrecht, como compensación al incumplimiento de las obras por parte de esta firma.

Cada institución determinará el monto, dijo Glas. Los proyectos requisados fueron las centrales hidroeléctricas San Francisco y Toachi-Pilatón, ubicadas en las provincias de Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, respectivamente.

Además, el sistema Carrizal-Chone I y II, en Manabí; el proyecto multipropósito Baba en Los Ríos y la construcción del aeropuerto en Tena, en Napo.

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A más de las garantías, el Estado empezará a recuperar los adelantos de dinero dados a Odebrecht para la ejecución de los proyectos.

Del Toachi-Pilatón, por ejemplo, recuperará $ 110 millones y del multipropósito Baba $ 80 millones.

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Mientras, Derlis Palacio, ministro de los Sectores Estratégicos, aclaró que si hubiese la intención de rever la decisión adoptada (que a su criterio es irreversible), “el único que tiene esa potestad es el presidente Rafael Correa”.

De igual manera, dijo, la intención de llegar a un acuerdo solo le compete al “economista  Correa, quien firmó el decreto; él es el único que puede reconsiderar tal situación (...)”.

Entre tanto, el prefecto de Pichincha, presidente del directorio de Hidrotoapi, Gustavo Baroja, anunció el inicio de un nuevo proceso licitatorio para escoger a la constructora de Toachi - Pilatón. La versión fue confirmada ayer por el ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, quien aseguró que “todo regresará a fojas cero”. La convocatoria saldrá posiblemente la próxima semana.

Entre tanto los subcontratista, técnicos y obreros de las obras, que en el 95% son ecuatorianos, continuarán en las obras; el Estado se hace cargo de los gastos.

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Tras la paralización de San Francisco, el Estado ha dejado de recibir $ 600.000 diarios, según Bernardo Henríquez, asesor presidencial en temas eléctricos.

De esa cantidad, $ 400.000 se producen por la importación de combustibles (para uso de las generadoras térmicas, que reemplazan la generación de San Francisco) y $ 2’000.000 por lucro cesante.

El préstamo por $ 200 millones  que el gobierno de Ecuador sugirió que podría quedar impago fue en realidad otorgado a la constructora brasileña Odebrecht, que tuvo sus bienes embargados en ese país, dijo ayer la jefa del Gabinete de Brasil, Dilma Rousseff.

“El Bandes (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, brasileño) no tiene relación con Ecuador. No le prestó dinero a Ecuador, sino a la empresa (constructora). No vamos a complicar más la situación”, dijo Rousseff a agencias de noticias internacionales.

CIFRAS: La firma en Ecuador

$ 650
Millones. 
Según Odebrecht, este monto representa sus contratos con Ecuador.

3.800
Trabajadores. 
Del personal de Odebrecht en Ecuador, solo 36 son brasileños.