Parlamentarios de América Latina pidieron ayer a la Unión Europea (UE) que revise la directiva de retorno, y que otorgue un “tratamiento distinto” que beneficie a los inmigrantes indocumentados procedentes de esos países a la hora de aplicar la nueva normativa.

Así lo dijo el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el chileno Jorge Pizarro, en una reunión extraordinaria de la mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat).

Durante la reunión se analizó la ley de retorno de inmigrantes indocumentados, que ha suscitado el malestar de los gobiernos de América Latina desde que el Parlamento Europeo la aprobara en junio pasado.

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Pizarro, también copresidente de la Asamblea, pidió que a corto plazo se revise la directiva de retorno y que se modifiquen dos de sus puntos más polémicos. En primer lugar, los latinoamericanos piden la “eliminación de la disposición que establece la retención del inmigrante ilegal tras la orden de expulsión”  –de 18 meses como máximo– y, en segundo, “ampliar el periodo para el retorno voluntario del inmigrante”, que la ley sitúa entre 7 y 30 días.