La Unión Europea (UE) aprobó este jueves el "Pacto Europeo de Inmigración y Asilo" presentado por Francia para controlar mejor los flujos migratorios, y avanzó en la creación de una "Tarjeta azul" para facilitar la llegada de mano de obra calificada de países terceros al bloque.

Reunidos en Bruselas, los ministros europeos del Interior e Inmigración  dieron su acuerdo a la versión definitiva del Pacto, cuyas líneas generales ya habían recibido el apoyo de los 27 miembros de la UE en julio pasado en Cannes (sur de Francia).

"El Pacto hoy acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades", indicó el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en conferencia de prensa.

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"El Pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigracion ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países", afirmó por su parte el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.

Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para los pedidos de asilo.

En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración" con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.

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Durante la reunión, los ministros de los 27 dieron por otra parte un paso hacia la aprobación de la denominada "Tarjeta azul", inspirada en la "Green Card" estadounidense para promover la llegada a la UE de personal "altamente calificado".

El debate que tuvo lugar en Bruselas "en términos generales recoge el grueso de los principios, de lo que los países estamos de acuerdo", señaló Corbacho, agregando que espera un acuerdo definitivo sobre la cuestión "antes de fin de año".

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Para obtener esta "Tarjeta azul", los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.

Ante las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar esta iniciativa, los 27 incluirían un artículo que preve que "los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".

"Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos", explicó Corbacho, hablando de la existencia de "principios éticos en sectores claves, en particular en el de la salud".

En la misma sintonía, Hortefeux aseguró que "el principio es alentar la movilidad de capacidades y no la fuga de cerebros".

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De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los "viejos" miembros de la UE.

El pacto y la "tarjeta azul" se enmarcan en un paquete de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios, que tiene como medida más polémica la "Directiva Retorno", que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.

Esta legislación ha provocado una reacción de protesta unánime en América Latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.