El Proyecto Libertador tuvo aval presidencial

El funcionamiento de una oficina permanente de vigilancia electrónica (espionaje telefónico), cuyo proyecto fue elaborado por la Policía Nacional, tuvo el aval del mandatario, Rafael Correa; del ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; y, de las autoridades de la Procuraduría, Función Judicial y del Ministerio Público.

Aunque esas autoridades no aceptan la existencia de esa oficina, el Jefe de Estado, el ministro Larrea y el fiscal general, Washington Pesántez, visitaron sus instalaciones, según las afirmaciones que hizo ante la comisión directiva de la Asamblea el comandante de Policía Jaime Hurtado Vaca.

En el texto del informe de esa comparecencia, efectuada el pasado 19 de mayo y que tuvo el carácter de reservada, se detallan los avances del plan que se le ha denominado Proyecto Libertador.

Según el informe, elaborado y suscrito por el secretario de la Asamblea Constituyente en receso, Francisco Vergara, el proyecto busca dar aplicabilidad al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal.

Dicha norma otorga a los jueces penales la facultad para autorizar a los fiscales la intercepción y registro de las conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considera indispensable para impedir la consumación de un delito o para comprobar la existencia del mismo.

El proyecto busca, además, facilitar a la Policía la obtención de elementos de convicción (pruebas) que permitan fortalecer la prueba que presente el Ministerio Público dentro de un juicio o proceso.

Para asegurar el funcionamiento del proyecto, según el documento, Pesántez designó a un agente fiscal para que converse con las operadoras telefónicas a fin de dar cumplimiento al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal.

Para que se cumpla ese objetivo, encargaron a la Fiscalía la elaboración del convenio marco, que será puesto en consideración de las operadoras de telefonía fija y celular para su posterior suscripción.

Mientras este paso no se concrete, según Hurtado, la aplicación del proyecto tendrá que esperar, pese a que cuentan con los equipos necesarios, donados por la embajada de los Estados Unidos hace un año.

Por motivos de seguridad, Hurtado prefirió mantener en reserva el lugar donde se instaló  la sala de vigilancia electrónica, pero no descarta que cuando esté lista se haga una presentación pública y su funcionamiento sea monitoreado por veedurías.

Según el magistrado Hernán Ulloa Parada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tuvo conocimiento del Proyecto Libertador que, de ser cierto, constituiría un atropello al derecho de privacidad, libre albedrío y honra de las personas.

Mientras tanto, el ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), opinó que este tipo de intercepción debería darse solo cuando exista un pedido de un juez, dentro del debido proceso. “Ese tipo de iniciativas me incomodan, me molestan”, dijo.