Así, se ha hablado desde la soberanía del cuerpo para justificar el aborto; de la soberanía alimentaria para evitar la exportación de productos; de la soberanía económica, para rechazar cualquier intervención del Banco Mundial y de la soberanía militar para cerrar la Base de Manta.

Este tipo de soberanía nos recuerda  los tiempos del nacionalismo, tan propio de las dictaduras de los años setenta, con las proclamas del Gobierno Nacionalista y Revolucionario de Rodríguez Lara, especialmente.

Pues bien, como ya se va haciendo costumbre, uno es el discurso y otros son los hechos.

La Procuraduría General del Estado ha entregado por fin el contrato que permitió la presencia del doctor Roberto Viciano Pástor para que asesore a los soberanísimos de Montecristi.

El contrato, suscrito con una fundación española, permitió la asesoría permanente de dos profesores españoles, por la suma aproximada de 96.000 euros, esto es, cerca de 144.000 dólares, más beneficios tales como asignación de computadoras, teléfono celular y vehículo para movilizaciones.

El valor del contrato se dividió en varios rubros, probablemente, aunque será difícil demostrarlo, para disfrazarlo y así evitar superar la remuneración del Presidente de la República: pasajes aéreos (700 euros mensuales), honorarios (2.900 euros mensuales), hospedaje (1.050 euros mensuales), alimentación (1.050 euros mensuales) y gastos administrativos (300 euros mensuales).

Sin embargo, si esa hubiera sido la intención, no se percataron de que el Decreto Ejecutivo Nº 3 del presidente Correa estableció como límite máximo para el pago de viáticos, la suma mensual de quinientos dólares, por lo cual, al haber fijado los viáticos en aproximadamente mil quinientos dólares mensuales, se burlaron del Presidente, violaron el Decreto y se acercaron con ello al delito de peculado.

Me parece que esta contratación es absolutamente incoherente con un Gobierno que se dice revolucionario y soberano. ¿Tan poco sabemos los ecuatorianos de Derecho Constitucional que era necesario contratar a dos profesores extranjeros? ¿Será que el trabajo del Conesup fue de pésima calidad que ni el proyecto de Constitución que elaboró ni sus miembros reunían el perfil para ser contratados para esta asesoría?; ¿o será que los contratados recibieron alguna recomendación de Chávez, ya que antes asesoraron en Venezuela?

Es difícil constatar si la participación directa del profesor de la Universitat de Girona, Mario Aparicio, corrigiendo textos junto con los miembros de la Comisión de redacción, fue remunerada o no dentro de este convenio. Un miembro de la Comisión ya reconoció que el trabajo de corrección de textos de la alterada Constitución de Montecristi fue realizado con asesoría también de profesores españoles.

Por supuesto, luego de conocer esta participación extranjera, quedan dudas respecto de si los artículos sobre la soberanía del cuerpo y los derechos de la naturaleza se los debemos a “nuestros infantiles ecologistas” o a los profesores contratados.

Está demostrado que el discurso de los soberanísimos estuvo subordinado a las instrucciones de los asesores extranjeros, ¡qué lamentable incoherencia!

Está visto que la demagogia ha triunfado.