Fundación advierte.

El Gobierno aseguró ayer, mediante un comunicado, que los derechos humanos de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, se han respetado, en respuesta a las denuncias de maltrato presentadas por la organización Human Rights Foundation (HRF).

El Ministerio de Justicia afirmó que Llori “recibe el mismo trato que las demás personas detenidas”, por lo que negó maltrato físico o psicológico como lo señaló la organización.

En el comunicado agrega que la Dirección de Rehabilitación Social garantiza la integridad personal de Llori mientras continúe bajo el régimen de detención, y que la Unidad de Defensoría Pública le ofreció un abogado de esa dependencia, lo que no fue aceptado, por tener un defensor particular.

Human Rights Foundation envió en días pasados una carta al presidente Rafael Correa, donde lo alerta sobre los malos tratos que sufre “la prisionera de conciencia Guadalupe Llori (ex prefecta de Orellana)”, según un comunicado.

En la misiva, la organización afirma que dispone de “informaciones recibidas desde Ecuador” que “confirman que personal carcelario de la prisión de mujeres de El Inca ha venido maltratando a Llori”.

HRF alerta al presidente ecuatoriano de que Llori “está siendo sometida a maltratos físicos y sicológicos” por parte del personal de esa cárcel. “Los guardias la han obligado a levantarse muy temprano por la mañana para limpiar el piso, arrancar las gomas de mascar que han tirado las otras reclusas y a limpiar las ollas”.

Además, dice que no han dudado “en maltratarla físicamente debido a su negativa de permitir violaciones a sus derechos humanos”. La organización también afirma que las autoridades del penal le han prohibido las visitas familiares, y que, “por tanto, no solamente se encuentra secuestrada, sino incomunicada”.

Llori fue detenida el pasado 8 de diciembre por los graves incidentes suscitados en noviembre y diciembre del 2007, en Dayuma, Orellana, donde hubo paralización petrolera y bloqueos de vías. Fue beneficiada de amnistía general otorgada por la Asamblea el pasado 14 de marzo. Sin embargo, según el Gobierno, continúa detenida porque la Fiscalía investiga un “presunto manejo irregular de fondos públicos”.