Ley impedirá choque entre la justicia indígena y la ordinaria

Mecanismos de coordinación se establecerán en una norma, necesaria según analistas. Indígenas y constitucionalistas coinciden en que solamente una ley orgánica impedirá que la justicia indígena choque con la justicia común u ordinaria.La última parte del único artículo que el proyecto de Constitución –aprobado por la Asamblea Constituyente, en la ciudad de Montecristi– dedica a la Justicia Indígena señala que: “La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”; aunque, no se impone un plazo para la vigencia de dicha norma.Rafael Oyarte, catedrático de Derecho Constitucional , considera que la expedición de esta norma llamada Ley de Compatibilización entre las dos justicias será útil para aclarar posibles conflictos sobre la competencia.Esto, pese a que el proyecto de nueva Constitución ya establece que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales (potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), lo cual incluiría la potestad de resolver asuntos penales.“Más allá de estar en desacuerdo con que se establezca una justicia penal paralela, al parecer sí lo podrán hacer”, sentencia Oyarte.La secretaria ejecutiva del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), Lourdes Tibán, reconoce que hasta ahora no se ha definido si los casos penales también entran en la categoría de Conflictos Internos, que según la propuesta constitucional –que se someterá a referéndum– serán solucionados por las autoridades indígenas en sus territorios.“No obstante, para los pueblos indígenas, conflicto interno constituye toda acción o acto que desestabiliza la paz, armonía y tranquilidad de la comunidad”, agrega Tibán.De ahí que, en varios casos de ajusticiamiento indígena que han salido a la luz pública los últimos años, las comunidades hayan sancionado a asesinos o violadores con baños de agua fría, ortigazos en público o trabajos para indemnizar a los familiares.Tibán cree que de elaborarse una ley secundaria esta podría establecer cuáles son los conflictos internos; pero, no las sanciones para cada uno, porque los usos y costumbres (lo que se denomina tradiciones ancestrales en el proyecto constitucional) varían de acuerdo a la comunidad.Por ejemplo, en las comunidades andinas la infidelidad es un delito; sin embargo, para los shuar –quienes hasta hace poco vivían con siete mujeres– no lo es, comenta.Humberto Cholango, dirigente de la Ecuarunari (filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en la Sierra), coincide en que la norma jurídica debe compatibilizar las dos justicias; pero, también se debe iniciar un proceso educativo sobre el tema para magistrados, policías, jueces y abogados.Para los consultados, las críticas de fondo y de forma se dan en torno al “control constitucional” al que serán sometidas las decisiones de los indígenas en el ámbito judicial.Tibán señala que hay un contrasentido cuando en el artículo de la sección sobre la Justicia Indígena (art. 171 del proyecto de Constitución) primero se dice que el Estado garantizará el respeto a las decisiones indígenas y, a renglón seguido, se establece que dichas decisiones serán sometidas a control constitucional.Mario Melo, catedrático universitario de Derecho, opina que esto no está mal, porque finalmente las acciones de la justicia ordinaria también serán controladas por la Corte Constitucional.Oyarte, en cambio, se pregunta si la Corte podrá conocer una sentencia en idioma quichua o de forma oral, como muchas comunidades indígenas llevan los procesos.“¿Podrá acaso la Corte Constitucional conocer una sentencia que no haya sido pronunciada en idioma castellano? ¿Eso va a dificultar al control?, considera este catedrático. Casos 2000, agosto 15 Muerte y robo de ganado. Comuneros de Quillosiza (sur de Cuenca) ajusticiaron a tres supuestos cuatreros. Uno de ellos, Magno Morocho, relató que su amigo Jorge Guanuchi murió por los golpes y el frío, y su primo Segundo Santos quedó herido. 2001, noviembre 5 No rendir cuentas. Comuneros de Chimbacucho (Latacunga) se aprestaban a dar baños con agua helada, ortiga y latigazos a José Manuel Vega, quien llevaba una semana de encierro por no dar cuentas como dirigente de comunas. 2007, octubre 24 Sospecha de robo. En la comunidad de Palopo Centro (Cotopaxi) se denunció que dos individuos permanecieron 24 horas retenidos y luego fueron castigados con ortigas por los habitantes, tras lo cual se los obligó a firmar un acta y luego fueron liberados. 2008, julio 3 Desaparición y muerte. Mario y Enrique Cuyo estuvieron detenidos dos días en la comunidad Tigua Yagtapungo, Pujilí (Cotopaxi), donde la población les aplicó la justicia indígena, por estar presuntamente implicados en la muerte de Rodrigo Chusin. 2008, julio 23 Infidelidad . En la comuna Santa Lucía del cantón Alausí (Chimborazo), decenas de moradores dieron un castigo a un supuesto brujo y a otras personas por un caso de infidelidad. Más de cinco horas duró el interrogatorio en contra del presunto hechicero, su cliente, la amante de este y una tercera persona, quien sabía de este amorío. Una vez investigados, los comuneros tomaron la decisión de desnudarlos y –tras guindarlos con los brazos hacia atrás– los azotaron y bañaron con agua helada, en el páramo.

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