Indignación es lo menos que causa la forma como la Asamblea Nacional Constituyente se burló de los ecuatorianos.

Esta burla llegó a extremos que son intolerables, cuando los ecuatorianos constatamos la forma cómo se aprobaron por docenas la mayor parte de artículos que podrían regir la vida de la Nación si, gracias a la publicidad estatal, llegara a aprobarse la Constitución de Montecristi, llamada también Carta de la Esclavitud, aunque ahora, más bien se constata es la Carta de la Mofa Democrática.

Varios asambleístas, entre ellos Diana Acosta, León Roldós, Pablo Lucio-Paredes y César Rohón, de forma documentada, han denunciado que varios textos que constan en el proyecto de Constitución que hoy reposa en manos del Tribunal Supremo Electoral habrían sido alterados. Incluso, se ha reconocido por parte de uno de los miembros de la Comisión de Redacción, que efectivamente hubo modificaciones que sobrepasaron la tarea encomendada, que se limitaba a revisar aspectos de orden gramatical y de sintaxis. No creo que estas modificaciones hayan sido hechas de mala fe por parte del Dr. Xavier Flores Aguirre; no conozco a los demás, por lo que no puedo opinar sobre sus actuaciones. Sin embargo, si es tan evidente que la versión entregada al TSE no guarda concordancia con los textos que efectivamente fueron aprobados siguiendo el procedimiento previamente establecido por la propia Asamblea, parece un hecho no controvertido el que si el referéndum se realiza sobre estos tergiversados textos, incluyendo el preámbulo y las transitorias, se producirá un vicio de nulidad insubsanable que dejará al Ecuador sumido en la más absoluta inseguridad jurídica que recuerde su historia.

Es tal la burla del proceso que incluso ahora se anuncian nuevas reuniones de los asambleístas en Montecristi. Tales reuniones serán absolutamente violatorias del mandato popular. La Asamblea ya no existe. Terminó una vez que el plazo máximo de su vigencia concluyó. Si algunos ciudadanos persisten en su afán de reunirse y arrogarse funciones que no tienen, estarán cometiendo un delito. Si utilizan bienes y recursos públicos, incluyendo las propias instalaciones de Montecristi, tanto la Contraloría General del Estado como el Ministerio Público deberán obrar de oficio, sin esperar denuncia alguna.

¿En qué quedó el mandato ciudadano que permitió la instalación y funcionamiento de la Asamblea por un periodo determinado?

De otra parte, diariamente constatamos la forma cómo se gastan miles de miles de dólares en publicidad respecto de las supuestas bondades de la Constitución aprobada. ¿Hay derecho a que se realice tanto despilfarro cuando el Ecuador sigue sumido en la pobreza? Pero además, el discurso oficial continúa con la técnica de la división. Esta vez han intentado dividir hasta a la Iglesia. Ya no es suficiente poner a ricos contra pobres, a serranos contra costeños, o a empleadores contra trabajadores. Ahora necesitan dividir a los ecuatorianos poniendo a los laicos contra los sacerdotes, a quienes incluso se llama a irrespetar por supuestamente decir mentiras. ¿Y qué de las mentiras oficiales? Creen que alguien va a creer que los túneles de San Eduardo, por ejemplo, son obra de este Gobierno? Aunque digan lo contrario, las nubes no son rosadas. El país se cae a pedazos.