Cuando la AGD tomó posesión del diario El Telégrafo nos dijeron que lo venderían a un dueño privado para compensar a los perjudicados por el desaparecido banco del Progreso. Pero El Telégrafo nunca se vendió, o se “vendió” al Estado que es lo mismo a no venderlo. Pasó a ser un diario público. Un diario del Gobierno. No solo que no se recuperó plata de los depositantes al no vender el diario, sino que mantenerlo y modernizarlo le cuesta plata al Estado; es decir, a nosotros los ecuatorianos. Todo para que unos pocos ojeen rápidamente sus páginas. ¿Llega siquiera a los mil suscriptores El Telégrafo? ¿Cuánto se gasta en mantener el diario por cada lector? Hasta ayer que lo revisé solo había publicidad estatal, que es lo mismo a cero publicidad. Linda venta la de El Telégrafo. Linda recuperación de fondos.

Por eso, aunque quiero creer al Presidente, dudo cuando dice que al Gobierno no le interesa administrar los bienes incautados a los Isaías y que “mientras más rápido podamos subastar, rematar esos bienes, entre ellos los medios de comunicación y con ese dinero pagar a los depositantes y resarcirse de todo el dinero que se puso en Filanbanco, dinero público; enhorabuena, tanto mejor”.

Mis dudas aumentan al recordar las declaraciones de Mónica Chuji, cuando era Secretaria de Comunicación, en relación al nuevo canal estatal. Chuji se lamentaba que el canal público debiera ocupar una frecuencia tan lejana en nuestro control remoto en el 48 de UHF. “Espero que algún momento haya compasión de quienes tienen uno, dos y tres canales de televisión y puedan darle al pueblo ecuatoriano la posibilidad de acceder”, dijo Chuji en esa época. Nostradámica ironía la de Mónica.

Si a esto le añadimos la “coincidencia” de que el nuevo administrador designado para manejar los canales de televisión incautados es justamente el presidente del canal del Gobierno, la aspiración de Mónica Chuji se hace más clara y real. Y las últimas declaraciones de Ricardo Patiño nos dejan menos dudas aún. “A lo mejor en el remate gana alguna entidad del Estado…”, dijo el reciclado funcionario. Linda venta. Linda recuperación de fondos.

Más allá de la legalidad o ilegalidad de lo que se hizo este martes, el fin por el cual se incautan todos esos bienes, incluyendo los canales de televisión, es para recuperar el dinero de los depositantes. Punto. Eso implica que deben venderse todos esos bienes, sin excepciones. Que no nos vengan con el cuento de que los están “vendiendo” a alguna institución del Estado. O que ahora esos canales ya son de “todos los ecuatorianos”. Eso no es vender. Eso no es recuperar fondos. Eso es engañarnos y pretender controlar medios de información que no le pertenecen al Estado.

Si el Gobierno es serio en lo que ha hecho, se asegurará de que los canales incautados pasen a manos privadas e independientes de Carondelet de inmediato. Si en cambio, se demora convenientemente esta venta en plena época electoral, o peor aún, el canal estatal pasa a una de estas frecuencias incautadas, sabremos de qué se trataba todo este show.