Para la ex gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, varias instituciones del Estado actuaron al margen de la ley para perjudicarla, por lo que no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales.
Básicamente sobre su demanda al Estado, aclaró que buscará la recuperación de su honra. No obstante, señaló que la indemnización económica dependerá de lo que determine la Ley, pero que jamás tomará ventaja de los fondos públicos. En caso de ser indemnizada, aseguró que destinará el dinero a alguna causa justa, como la de defender a las personas perseguidas políticamente.
La ex gerenta de la Agencia, que se confiesa profunda creyente de Dios, manifestó estar segura de que "nunca voy a estar en la cárcel porque jamás he cometido alguna irregularidad".
Salgado, quien desde noviembre del 2006 tenía orden de detención en su contra, en diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) confesó su profunda emoción y alegría por regresar a su hogar, luego de que la Asamblea el viernes aprobara por mayoría de votos amnistías para ella, dos ex gerentes de la AGD y el ex presidente Gustavo Noboa.
Manifestó que su "calvario" inició cuando comenzaron las gestiones de la recuperación de cartera de los bancos cerrados. "Desde entonces he vivido una pesadilla".
Acotó que la Contraloría fue el ente que inició las acciones en su contra cuando auditó un contrato con un abogado impulsador para recuperar cartera de bancos privados y le exigió que aplique la ley de Contratación Pública.
Luego, señaló, fue la Fiscalía la que, sin realizar ninguna investigación, al día siguiente de recibir el informe de la Contraloría, con las supuestas irregularidades, emitió la orden de prisión en su contra.
Salgado manifestó que lo único decente de todo lo actuado fue la orden de sobreseimiento dictada por el juez 4to de lo Penal, luego de analizar las pruebas de descargo. “(El juez) fue el único que consideró las pruebas de descargo, entre las que está el listado de deudores que pagaron sus deudas, demostrando que al 12 de febrero del 2004, estaban justificados los honorarios pagados al abogado impulsador a la tasa más baja del mercado”, indicó.
En este sentido, ratificó que toda esa serie de acontecimientos demuestra la “mala fe” con la que se actuó en su contra. Acotó que su persecución se acentuó cuando inscribió su candidatura a Parlamentaria Andina por PAIS.
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