El gobierno ecuatoriano criticó este lunes las nuevas normas contra la migración irregular aprobadas por los ministros de la Unión Europea (UE), y aseguró que pese a ello pedirá la derogatoria de la ley que castiga con cárcel a los extranjeros indocumentados en su territorio.

La responsable de la Secretaría del Migrante, Lorena Escudero, consideró que las decisiones adoptadas la semana pasada en Luxemburgo "son un retroceso" y configuran una "tendencia a la criminalización" de los migrantes irregulares.

"Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados ni como sociedad civil ni como gobierno, ni como América Latina, y vamos a seguir peleando por los derechos fundamentales (de los indocumentados)", sostuvo Escudero a radio Sonorama.

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Los ministros del Interior de los 27 países miembro de la UE aprobaron la denominada "Directiva Retorno", que establece reglas comunes de expulsión de los clandestinos. La norma será sometida a discusión por el Europarlamento a mediados de junio.

Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, la nueva ley obliga a las autoridades nacionales de los países de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos.

Escudero afirmó que el gobierno, por su parte, continuará impulsando una política diferente y como parte de ello pedirá la derogatoria de "las leyes vigentes que permiten que una persona (extranjera) sea privada por no tener papales".

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"Nosotros como país estamos en proceso de cambio, porque en realidad la mayor parte de leyes que se han hecho sobre el tema migratorio han sido basadas en la seguridad de los Estados y no en el derecho de las personas", destacó.

Poco más de 1,2 millones de de ecuatorianos han emigrado legal e ilegalmente hacia Estados Unidos y Europa en los últimos ocho años, lo que equivale a un 10% de la población censada en 2001 (12,2 millones), según organismos de derechos humanos.

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Las autoridades estiman que sólo en España viven unos 700.000 ecuatorianos.