Mediante oficio MS-7-1 2008-355 el 8 de mayo el ministro de Defensa, Javier Ponce, dispuso al Jefe del Comando Conjunto  de las FF.AA., general Fabián Varela, que inicie un juicio penal al ex director de inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño, por el delito de infracciones contra la existencia y seguridad de las Fuerzas Armadas, tipificado en el código penal militar vigente, así como también a los autores  cómplices y encubridores del delito.

El 16 de mayo el Jefe del Comando  notificó al ministro Ponce el inicio del trámite correspondiente de la solicitud.

Ocho días después, el 22 de mayo, el comandante del Ejército, Ernesto González, mediante oficio 2008-496DJFTY remitió la documentación al Comandante de la primera zona militar para que inmediatamente  ordene el sorteo de la causa en los juzgados penales, en cumplimiento de la disposición ministerial.

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Ayer se sorteó el caso y recayó la competencia en el Juzgado Primero de lo Penal Militar.

En el título tres capítulo uno y dos del Código Penal Militar se establece que “los que atentaren contra la existencia y seguridad de las Fuerzas Armadas por inexactitud en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones serán sancionados con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años en tiempo de paz y con reclusión mayor extraordinaria en tiempo de campaña”.  Además se señala que el delito se tipifica para quienes   “faltaren a la verdad o incurrieren en errores o emisiones culpables”.

Desde ayer se encuentra el caso en análisis del juez, antes de la instrucción del auto cabeza de proceso.

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Pazmiño presentó la solicitud de baja a las FF.AA una vez que el ex ministro de Defensa, Wellington Sandoval, pidió su disposición por el ocultamiento de  información en el caso del ecuatoriano Franklin Aisalla, muerto tras la incursión de Colombia a una base de las FARC en suelo de Ecuador. Además es cuestionado por el Gobierno por una supuesta relación con la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA).

Mario Pazmiño
Hasta abril dirigió Inteligencia del Ejército. Fue acusado de ocultar datos al Ejecutivo sobre la incursión colombiana. Dice que el 11 de marzo informó sobre la vinculación de Franklin Aisalla con las FARC a Guillermo Vásconez,  entonces comandante del Ejército, y al director de Inteligencia del Comando Conjunto, Luis Garzón.