Abren más investigaciones en Colombia por documentos en computadores de las FARC

La Fiscalía colombiana solicitó este jueves investigar a tres congresistas, entre ellos a la ex mediadora de paz Piedad Córdoba, a dos ecuatorianos -incluida la constituyente María Augusta Calle- y un venezolano, diputado del Parlamento Andino, por nexos con las FARC con base en documentos hallados en un computador de esa guerrilla.

El fiscal general Mario Iguarán dijo en una rueda de prensa que también se investigará a dos periodistas colombianos -Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y William Parra, del canal Telesur-, y a la directora de una organización no gubernamental.

En la lista de investigados también se encuentran el profesor estadounidense James Jones, el ecuatoriano Iván Larrea y el ex candidato presidencial colombiano Alvaro Leyva y el ex asesor de paz Lázaro Mejía. El venezolano fue identificado como Amilkar Figueroa.

Iguarán dijo que las investigaciones se han abierto "con base en el informe de policía judicial relacionado con los computadores de Raúl Reyes", número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), muerto el 1 de marzo en un ataque colombiano a su campamento en el norte de Ecuador.

Con respecto a los congresistas Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, los tres del partido de izquierda Polo Democrático, el fiscal envió el caso a la Corte Suprema de Justicia dado que gozan de fuero.

Córdoba junto al presidente venezolano Hugo Chávez realizó por encargo de Bogotá gestiones para lograr la liberación de al menos 39 rehenes en poder las FARC, entre ellos la política colombo-francesa Ingrid Betancourt.

Esa misión fue interrumpida en noviembre en forma abrupta por el presidente colombiano Alvaro Uribe.

El 15 de mayo, un informe de Interpol acredito que los archivos hallados en los computadores de Reyes no fueron manipulados por las autoridades colombianas.

Los documentos de las FARC -cuya autenticidad ha sido puesta en duda por los gobiernos vecinos- revelan encuentros de funcionarios venezolanos y ecuatorianos con jefes guerrilleros y el préstamo de miles de dólares por parte del gobierno de Hugo Chávez, quien calificó el informe de Interpol como un "show de payasos".