Incorporará a la Constitución la política del Gobierno que el sueldo mínimo permita a la familia cubrir la canasta básica.
Algo similar hizo el Congreso de 1979, cuando regresamos al régimen democrático.
En aquel entonces también vivíamos la euforia de la refundación y una bonanza petrolera, porque habíamos comenzado a exportar petróleo, y el precio había subido vertiginosamente. Cuando un dirigente político ofreció el decimoquinto sueldo, la dictadura, antes de entregar el poder, decidió decretarlo, para que no sean otros los que cosechen el beneficio político.
El Congreso redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas (todavía somos uno de los pocos países latinoamericanos con jornada tan corta) y subió sustancialmente el salario mínimo, en circunstancias que el país tenía un tipo de cambio fijo. En síntesis, se duplicó la remuneración mínima por unidad de tiempo de trabajo.
La alta remuneración por decreto duró poco.
En 1982 nos azotó un Niño de una fuerza que no se había registrado en tiempos modernos, cayó el precio del petróleo, la banca acreedora que ayudaba a financiar el rol de pagos del gobierno suspendió los créditos.
Entramos en una pronunciada crisis, vino la devaluación. El elevadísimo sueldo decretado por las autoridades se licuó. La salida de la crisis pasó por la flexibilización laboral, lo que redujo la frecuencia e incidencia de las huelgas.
Una nueva generación de políticos hoy hace el mismo diagnóstico que el Congreso de entonces. Lamentablemente, el resultado va a ser similar. No hay cómo crear el bienestar por ley. Los sueldos y la creación de empleo siguen las reglas económicas: un empleador que por entusiasmo con el Gobierno opte por subir sueldos y otorgarles a sus empleados condiciones de trabajo inflexibles, perderá su mercado a la competencia.
Una empresa, para pagar sueldos relativamente altos con estabilidad, tiene que invertir y mejorar procesos, para tener menos trabajadores.
La apertura que vivimos torna imposible ignorar las realidades económicas.
En enero el Gobierno dio el primer paso en la política para que en cuatro años el ingreso familiar iguale la canasta básica. La canasta estaba en 473 dólares en diciembre. Pero el aumento tan pronunciado de salarios, 30 dólares, o sea 17% de la remuneración mínima, es un factor en el aumento de precios. En abril, la canasta estuvo en 496 dólares, 23 dólares más que en diciembre.
Con la política de que los salarios atrapen al costo de la canasta, y la subida de esta, en parte causada por el aumento salarial, lo que vamos a lograr es que el Ecuador sea un país caro y de importación, mas no de producción. Por lo tanto, país de desempleo.
Más que desempleo, habrá informalidad: nadie se queda en su casa sin hacer nada, muriéndose de hambre, sino que sale a trabajar en lo que puede. De ahí que es coherente que la Asamblea apruebe prohibir a las municipalidades normar el comercio en la vía pública: se nos está condenando a ser país de vendedores ambulantes.
