El movimiento indígena tendrá dos asambleas para definir si hace o no un levantamiento.
La representación indígena en la Asamblea Constituyente está dividida respecto a la inclusión de la consulta previa o el consentimiento previo para la extracción de los recursos naturales entre los pobladores que vivan sobre estos.
Un grupo liderado por Pedro de la Cruz y Margarita Morocho, ambos asambleístas indígenas de PAIS, se inclina más por la tesis del presidente Rafael Correa, que apuntan a incluir en la nueva Carta Magna la consulta no vinculante a toda la comunidad para la autorización de la explotación de los recursos naturales.
Ese criterio provoca cuestionamientos entre los tres asambleístas del bloque de Pachakutik, quienes condicionaron el apoyo al régimen dentro de la Asamblea, en caso de que se apruebe la consulta previa.
Incluso, sus miembros informaron que el martes próximo se reunirán en Quito para definir posibles paralizaciones ante lo que consideraron como “una actitud necia” por parte de algunos asambleístas oficialistas y el propio Correa.
Esta última postura es apoyada, además, por la presidenta de la mesa 5 de Recursos Naturales, Mónica Chuji (PAIS), quien se reunió el viernes pasado con el bloque de PK y delegados de organizaciones indígenas.
Chuji afirma que el mecanismo de la consulta ya fue establecido en la Constitución de 1998, pero que los dignatarios de turno lo han mal utilizado.
Un criterio parecido tiene el asambleísta Gilberto Guamangate (PK), quien considera que las comunidades indígenas tienen derecho a que sus decisiones sean escuchadas.
“Chuji está con nosotros y algunos otros asambleístas de PAIS”, comentó el constituyente, refiriéndose al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.
Acosta hizo público ayer un texto alternativo que intenta fusionar ambas tesis: “Para conseguir el consentimiento de las comunidades que podrían verse afectadas por un proyecto que podría ocasionar daños a su ambiente, el Estado garantizará la consulta previa, libre e informada a la población directamente involucrada. El sujeto consultante será el Estado”.
Si de la consulta resultare la oposición mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar o no el proyecto será tomada solo a través de la insistencia debidamente motivada y jurídicamente sustentada ante las instancias administrativas superiores que fije la ley; esto es, el propio mandatario o la Superintendencia del Ambiente.
A la par, una comisión multipartidista integrada por los asambleístas Pilar Núñez (PAIS), César Grefa (PK) y Abel Ávila (MPD), y por los delegados del Ejecutivo, Ricardo Patiño, Alexis Mera y Augusto Barrera, analiza otras ideas.
Acosta expresó que el bloque de PAIS seguirán dialogando con el movimiento indígena para llegar a un acuerdo, pero adelantó que si no hay avances se mantendrían los artículos 84, 85 y 88 de la actual Constitución, que establecen la consulta previa no vinculante.
Debate
La consulta previa ya consta en el articulado sobre el medio ambiente que el pleno trató en primer debate hace tres semanas. El presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta (PAIS), señaló que el segundo debate se realizará esta semana.
Informes
La mesa 5 de Recursos Naturales hizo dos informes al respecto, uno de mayoría y otro de minoría; este último fue suscrito por Mónica Chuji (PAIS), Manuel Mendoza (SP) y César Grefa (PK).
Marcha
Un grupo de asociaciones de defensa de los animales realizó ayer en Cuenca una marcha para pedir que se incluya ese tema en la nueva carta magna.
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