Los jueces aludidos aseguran que en el mandato hay afirmaciones infundadas.
‘Conductas reprochables en el cumplimiento de los deberes de los magistrados, causando desconfianza y alarma social’ argumenta César Rodríguez, de PAIS, autor de la propuesta.
Los asambleístas de PAIS, María Paula Romo y Fernando Vega, dieron un no rotundo a la propuesta del presidente de la mesa de Legislación y también miembro del movimiento oficialista, César Rodríguez, para destituir a magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Nacional de la Judicatura.
Romo dijo que la Asamblea no puede nombrar magistrados y Vega afirmó que si la Corte no se autodepura antes del fin de la Constituyente, él lo hará.
El presidente de la Corte, Roberto Gómez Mera, guardó silencio, pero cuatro jueces de los 19 aludidos en el mandato: Mauro Terán, Ana Abril, Rubén Bravo y Alfredo Jaramillo, lo calificaron de impreciso, por tener acusaciones infundadas y apresuradas.
Romo dijo tajante que no está de acuerdo con el mandato presentado por su coideario Rodríguez. “Creo que la Asamblea en ningún caso puede arrogarse la función de nombrar magistrados“.
La propuesta tampoco fue compartida por el presidente de la mesa 8 de Justicia, Fernando Vega (PAIS), pero dijo que si la Corte no realiza una autodepuración antes de que concluya el trabajo de la Asamblea, será esta la que tome decisiones.
Vega comentó que cualquier actuación en la CSJ tiene que ser muy meditada para evitar criterios de que se trata de una intromisión. “Hay que obligar moralmente a la Corte a autodepurarse, es decir, a rectificar aquellas corruptelas que se han dado en las últimas designaciones de jueces“.
El texto sobre el mandato fue entregado la noche del lunes en Manta, previo a la sesión de PAIS, donde esperaban un análisis con la participación del presidente de la República, Rafael Correa, pero por falta de tiempo se aplazó la discusión.
Vega precisó que el problema que persiste es que han pasado varias semanas desde las denuncias hechas en contra del proceso de designación de magistrados a nivel de cortes superiores, pero aún no se conocen resultados ni tampoco se ha sancionado a nadie.
Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Roberto Gómez Mera, guardó silencio frente al borrador del mandato, aunque sí se reunió con diez magistrados de su círculo cercano.
La falta de un pronunciamiento obligó a los 19 jueces presuntamente afectados (y nombrados en el mandato) a defender el cargo de manera independiente, lo que también dejó al descubierto la división al interior de la CSJ.
Los nueve magistrados y tres conjueces de la Suprema, que según el mandato tendrían que abandonar sus cargos, esperaban la solidaridad del Tribunal y de Gómez. Ellos son Mauro Terán, Vitervo Cevallos, Carlos Ramírez, Ramón Jiménez, Luis Abarca, Luis Cañar, Alfredo Jaramillo, Ana Abril y Rubén Bravo. Asimismo, los conjueces Freddy Ordóñez, Gerardo Morales y Manuel Sánchez.
De la misma forma están considerados los siete vocales del Consejo Nacional de la Judicatura: Hernán Marín, Xavier Arosemena, Germán Jaramillo, Rosa Cotacachi, Ulpiano Salazar, Jorge Vaca y Benjamín Cevallos.
Los magistrados aludidos, Mauro Terán, Ana Abril, Rubén Bravo y Alfredo Jaramillo, calificaron al mandato de impreciso, por contener acusaciones infundadas y apresuradas.
Tras rechazar las imputaciones, Terán consideró que el proyecto de mandato tiene origen en intereses profesionales extraños y de fuera de la Asamblea, pues no se justifica que en la nómina de jueces consten, entre otros, los ministros que se alinearon con la revolución ciudadana.
A su juicio, dichos intereses podrían generarse en los resentimientos que existen entre personas que han perdido juicios. “Alexis Mera (subsecretario jurídico de la Presidencia de la República) ha perseguido a esta sala por un fallo que no le gustó”, dijo.
En esta misma línea se pronunció Abril, quien afirmó que se retirará del Tribunal si existe una resolución política de la Constituyente, aunque ello no impedirá que salga en defensa de su dignidad.
El magistrado Bravo no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los responsables, pues se ha mencionado su nombre sin antes haber realizado una auditoría del trabajo.
TEXTUALES: Reacciones
Mauro Terán
MAGISTRADO
“El mandato constituye una agresión al buen nombre y prestigio de las personas, situación que no puede permitirse, pese a los plenos poderes que dice tener la Asamblea Constituyente”.
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