Domingo 04 de mayo del 2008 Política

Uniones homosexuales en el país son un hecho aun sin ley

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Luis Banda, de 26 años, y Orlando Meléndez, de 35, viven juntos desde hace siete años, por lo que quieren legalizar su relación con la unión de hecho.

La unión de hecho entre personas del mismo sexo (gays, lesbianas, travestis y transgéneros) genera controversia en el país. Los grupos religiosos, católicos y evangélicos se oponen a su legalización, mientras que el tema suscita debate al interior de la Asamblea Constituyente, encargada de definir el tema en la nueva carta política del Estado. No obstante, en Ecuador este tipo de uniones es una realidad cada vez más frecuente.

Las uniones entre personas del mismo sexo son una realidad en Ecuador, pese a que no hay cifras exactas de cuántas de estas parejas conviven juntas.

Estos grupos reclaman que se los incluya en la figura legal de la unión de hecho para que puedan acceder a beneficios como seguros, montepíos, cesantías, servicios funerarios, herencias, repartición de bienes, autorizaciones de cirugías, entre otros. Actualmente, la unión de hecho solo rige para las parejas heterosexuales (hombre y mujer).

Mientras tanto, se acogen a sociedades mercantiles o testamentos. 

Carlos, un peluquero de 43 años, y Sebastián, de 40, aplicaron a este recurso legal para compartir la propiedad del gabinete de belleza que poseen al norte de Guayaquil, la casa en una zona residencial, el carro y todos los electrodomésticos.

“La casa está a nombre de los dos, las cuentas en los bancos también, aunque no podemos sacar una tarjeta adicional porque no somos familia”, dice Carlos, quien lleva 16 años como pareja de Sebastián.

Han vivido juntos o juntas por dos años o más. Comparten una vida en común: departamento, gastos de la casa... la intimidad.

Dicen que como pareja han empezado “desde abajo” y que tienen metas en común, como comprar una casa.

La unión entre personas del mismo sexo es un hecho en Ecuador. La naciente fundación Aequalitas (igualdad) agrupa a veinte de estas parejas, pero asegura que hay muchas más.

“Pensamos hacer un censo para conocer con exactitud cuántas somos”, dice Orlando Meléndez, presidente de Aequalitas. A las parejas de gays, lesbianas, bisexuales y trans (travestis, transexuales y transgéneros) les falta algo que para ellos es vital: legalizar su unión.

Julio y Mateo tienen 7 años como pareja, pero dicen que ya quieren formalizar su relación. “No queremos el matrimonio, porque de todas maneras esto no es una garantía, lo que queremos es la unión de hecho, algo que existe para todos los ecuatorianos, sin discriminación (la Constitución se refiere a un hombre y una mujer)”, dice Julio, de 26 años.

La comunidad GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y trans) ha convertido a la unión de hecho en su bandera, como en su época ha sido la no discriminación. Hace diez años, por ejemplo, la legislación ecuatoriana tenía como delincuente a un homosexual. El art. 516 del Código Penal, inciso 1, castigaba con reclusión de cuatro a ocho años las relaciones homosexuales consentidas  entre adultos.

“El grupo GLBT se unió a las minorías de indígenas y negros, y formamos el triángulo andino para proponer la no discriminación en la Constitución de 1998”, recuerda Christian Landetta, dirigente de la fundación Amigos por la Vida (Famivida).

La entonces Asamblea Constituyente acogió el pedido y en su artículo 23, numeral 3, sobre los Derechos Civiles, señala que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual o salud.

En el 2004, la comunidad gay presentó ante el Congreso Nacional una ley que garantice la aplicación del artículo constitucional contra la discriminación, pero que además fije sanciones para quienes marginen a los grupos GLBT en salud y educación. El tema está pendiente.

Con la coyuntura de la actual Asamblea, la lucha se concentra ahora en las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, una figura legal que, a nivel de América Latina, existe en la ciudad de México, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en zonas de Argentina (Buenos Aires, Villa Carlos Paz y provincia de Río Negro), y  en Uruguay.

Neptalí Arias, director de Famivida, cree que lo importante es la garantía civil de ejercer los derechos en función de la vida en pareja.
“No solo por un legado material, hay cosas más de fondo; por ejemplo, si mi pareja tuviera que hacerse una cirugía de alto riesgo, hoy yo no podría dar esa autorización, pero con ese reconocimiento sí“, dice.

El pedido de la comunidad homosexual, hecho público ante la Asamblea Constituyente el año pasado, no ha dejado de escandalizar y crear polémica.

El debate incluso ha provocado el distanciamiento de dos asambleístas del bloque PAIS, mayoritario en la Asamblea, y decenas de marchas de parte de la Iglesia evangélica y comunicados de la católica que se oponen a que se le dé la categoría de unión de hecho a estos grupos.

“La moral cristiana considera la práctica homosexual como un grave desorden moral incompatible con la vida de fe, porque contrasta con la ley natural y los mandamientos de la Ley de Dios”, dice el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui; mientras que Francisco Loor, líder de los evangélicos, propone que la Asamblea declare la homosexualidad como una “patología del ser humano” y que se les garanticen  terapias para su rehabilitación basadas en la psicología, la ciencia y la fe cristiana.

 Entre los asambleístas encargados de definir el tema en la Constitución, las posturas se dividen. Roxana Queirolo y Diana Acosta, asambleístas desafiliadas de PAIS, se oponen. “Pugnaré para que se haga lo que quiere el pueblo: no desfigurar el concepto de familia, que consiste en la unión de hecho entre un hombre y una mujer”, precisa Queirolo. Otros asambleístas como Balerio Estacio (pastor evangélico) y su colega Teresa Benavides consideran la homosexualidad como antinatural.

Pero también hay asambleístas que piensan que es necesario darle amparo legal a este tipo de uniones. Cristina Reyes y Amanda Arboleda, ambas abogadas de profesión, coinciden en que el Estado está obligado a proteger  los derechos civiles de todos los ciudadanos. “El derecho debe pesar más allá del calificativo de moral o inmoral que le asigne la sociedad o la Iglesia”, dice Reyes, y Arboleda recalca que legalizar la unión de hecho entre personas del mismo sexo “es un principio básico de igualdad ante la Ley”.

 

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