El aroma de las velas encendidas se siente en todos los rincones del pequeño departamento interior donde vive la pareja formada por Luis Banda, de 26 años, y Orlando Meléndez, de 35. En el lugar –donde pagan un alquiler de 150 dólares mensuales– hay pocas cosas y casi todos los espacios son pequeños, la sala, la cocina y la habitación, pero cada artículo y electrodoméstico, dicen, les ha costado grandes esfuerzos.

“Como todas las parejas empezamos sin tener siquiera dónde dormir, poco a poco fuimos comprando nuestras cosas”, dice Luis, psicólogo de profesión y alumno de segundo año de Derecho.

Luis lleva siete años viviendo con Orlando, estudiante de cuarto año de Jurisprudencia. Para ambos su relación no tiene ninguna diferencia con la unión de hecho en la que conviven las parejas heterosexuales (hombre y mujer) que no se han casado. La única diferencia es que no tienen hijos juntos, aunque en algún momento han pensado en “comprar” un niño. Les han dicho que en varias provincias de la frontera con Colombia los venden a 300 dólares.

“Los gays también nos manejamos como familia, solo queremos el amparo legal, la sociedad conyugal, la unión de hecho para los homosexuales”, dice Orlando.

Con esta figura jurídica, explica, su pareja no quedaría desamparada si él llegara a morir, incluso si se separaran, porque ambos tendrían derecho a compartir los bienes que han adquirido juntos, algo que no ocurre en la actualidad.

Ambos, por ejemplo, han comprado un terreno en una ciudadela del norte de Guayaquil, pero no han podido ponerlo a nombre de los dos como quisieran. “Ninguno de los dos pelea por los bienes, el dinero aquí es de ambos, pero sí nos gustaría legalizar nuestra relación”, opina Luis, mientras pone su brazo en el hombro de Orlando a manera de abrazo.

De los dos, Orlando es quien más defiende la unión de hecho. A él le preocupa que sus bienes vayan a parar a manos de su familia si él llegara a faltar, especialmente de sus hermanos, pues sus padres ya fallecieron. “Mi familia me crió con valores, mis padres respetaron mi decisión, pero mis hermanos (evangélicos) me discriminaron; cuando murió mi madre, hace dos años, me obligaron a firmar un documento en el que renunciaba a mi parte de la casa que era de todos los hijos”, cuenta Orlando.

Sus hermanos, asegura, le quitaron los bienes que había comprado y que tenía en casa de sus padres, lo denunciaron por agresiones y, dice, lo estafaron con casi 800 dólares. “Pero resulta que según la Ley ellos pueden reclamar mis cosas si yo llegara a faltar”, comenta.

Luis casi no habla de los bienes. Cuando se refiere a la unión de hecho, la defiende como un trámite necesario para reivindicar los derechos de la comunidad gay en lo público, porque en lo privado no ha tenido ningún obstáculo para que su familia, sus amigos y conocidos vean su relación con Orlando como algo natural.

“Es la sociedad la que siempre trata de ocultar estas cosas, se alarma.
Mis padres me aceptaron y se llevan muy bien con Orlando, a él le creen más que a mí”, dice Luis. Incluso, cuenta: “Cuando vivíamos en Quito, mi madre nos enviaba sin falta la fanesca y la colada morada para los dos. En realidad, al interior de nuestras familias, nosotros funcionamos como un hogar”.