El Ministerio de Trabajo será el encargado de hacer cumplir el mandato de tercerización laboral, aprobado por la Asamblea Constituyente.
En el caso de los contratos colectivos, la secretaría de Estado tendrá 180 días para ejecutar lo estipulado en el mandato. “Los beneficios excesivos de algunos empleados serán analizados. Los verdaderos dueños de las instituciones del Estado son la ciudadanía. No se va a eliminar la contratación colectiva, sino regularla”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo.
Sin embargo, lo resuelto por los asambleístas empieza a generar críticas en los sectores productivos.
El empresario Mauricio Pinto anunció una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la decisión de la Asamblea de obligar a restituir a sus empleos que fueron despedidos un mes antes de la aprobación del mandato.
La textilera Pinto despidió 119 empleados tercerizados y trasladó parte de la planta al Perú, lo que generó críticas del Gobierno e inspecciones del Ministerio de Trabajo. “No vamos a acatar. Si mañana me obligan a restituir después del debido proceso, pues no harán nada, porque el sitio donde trabajaban ya no existe físicamente, luego de la reingeniería que se hizo a la planta”, dijo Pinto.
Advirtió, además, que esta resolución es con dedicatoria. “Tenemos que denunciarlo internacionalmente, porque ya nacionalmente sabemos la dictatura que estamos viviendo”.
El ex concejal de Quito criticó el accionar de la Constituyente por estar dedicada a hacer leyes “a doc”, en vez de redactar una nueva Constitución.
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