La comisión directiva de la Asamblea esperará que la ministra de Medio Ambiente, Marcela Aguiñaga, explique sobre las afectaciones que ocasionaría en las Galápagos la aplicación de una de las disposiciones del mandato minero, que consiste en la prohibición de extraer materiales pétreos en zonas consideradas como protegidas.

Con ello se podrá dar paso a un alcance al mandato minero y rectificar y establecer que esa disposición regirá en el país con excepción del Archipiélago.

Asambleístas insulares pidieron que se hagan estas rectificaciones al mandato aprobado por una mayoría oficialista, ya que con su vigencia, el material pétreo que se requiera en las islas deberá ser transportado desde el continente.

De las minas existentes en Galápagos, las ubicadas en las islas Santa Cruz e Isabela representarían riesgos porque están ubicadas dentro de áreas protegidas, dijo Pedro Zapata, alcalde de Santa Cruz.