Según los sobrevivientes, luego de un par de semanas de retornar a sus casas tras el naufragio, y aún adoloridos por las quemaduras del sol y algunos por perder hermanos y familiares en el percance, tres funcionarios de esa entidad los visitaron en sus casas.

Wilma Castro, oriunda de Delegsol (cantón Chordeleg), afirmó que esas personas llegaron a su casa y que al verla triste por la muerte de su hermano en el incidente, con el rostro y cuerpo quemados y preocupada por las deudas de este segundo intento de viaje, le ofrecieron un visado a EE.UU., también para su hija, sus dos hermanas menores y su madre.

“Me dijeron no llores más, te vamos a entregar un visado para  que viajes a EE.UU. ... y podrás llevarte a tu hija y toda tu familia”, repitió la mujer. Ese día estuvo en su casa María Angelita Guncay, esposa del ahogado José Gilberto Llivicura, quien afirmó que a ella también le ofrecieron visa. Comentó que las filmaron, fotografiaron y pidieron declaraciones sobre las personas que les cobraron por el viaje ilegal.

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Lo mismo ocurrió en casa de Segundo Cabrera, también de Chordeleg, a quien los empleados de la Embajada le dejaron números celulares y convencionales para que se comunique con ellos. La historia se repitió con los nueve sobrevivientes.

El 16 de noviembre de ese año, a tres meses de ser visitados por estos funcionarios, los nueve sobrevivientes y la viuda de uno de los náufragos fueron invitados a la Embajada de EE.UU. en Quito, donde les reiteraron la oferta, pero todos debían comprar el pasaporte.

Arnaldo Arbezú, agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito no descartó ni afirmó el hecho, solo dijo que requiere autorización de sus superiores para hablar al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no dio su versión.

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Ahora los denunciantes realizan un trámite diplomático ante el Gobierno para pedir que la oferta de la Embajada de Estados Unidos se cumpla.

Pat Vintimilla, asesor legal del grupo, dijo que el lunes enviaron un documento al presidente Rafael Correa donde piden que se designe persona no grata al Servicio de Migración de  Estados Unidos “por  tomar declaraciones a los sobrevivientes sin que haya funcionarios ecuatorianos, por ofrecerles un visado y no cumplir, porque esto es injerencia en asuntos internos”.