La Ley Extinción de Dominio evitaría devolver los bienes

Que los juicios de extinción de dominio, que permitirán al Estado tomar posesión de los bienes incautados en operativos de narcotráfico y de la corrupción, sean tramitados por los juzgados penales y no por los civiles, es una reforma legal implementada en Colombia, que ha dado buenos resultados.

Esta experiencia fue transmitida por Julio Ospina Gutiérrez, catedrático y experto en Ciencias Penales, uno de los autores de la Ley de Extinción de Dominio que al momento  se aplica en Colombia, durante el seminario organizado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

El evento, en el que participaron el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, el Tribunal Constitucional, Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros organismos, tuvo como propósito estructurar el primer borrador de lo que será la Ley de Extinción de Dominio, que se aplicará en  Ecuador.

Según Ospina, trasladar a la competencia penal la sustanciación de los juicios de extinción de dominio permitió en su país  otorgar mayor celeridad en el trámite de los mismos.

Antes de la aprobación de la nueva normativa, dijo, en Colombia  los bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, que equivale al Consep en Ecuador, eran vendidos para luego sus recursos ser devueltos con intereses, el resto podía mantenerse, cuidando que produzcan.

Cuando se ordena la extinción de dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dispone que esos bienes pasen a instituciones del Estado que enfrentan la lucha contra el narcotráfico (Policía, Fiscalía, Armada, entre otros).

Otra forma de inversión fue utilizar esos bienes para rehabilitar a drogadictos, alcohólicos, prostitutas, niños de la calle o cuidar ancianos.

A su juicio, si Ecuador hubiese aprobado con anticipación esta normativa legal  se hubiese ahorrado “la vergüenza del Estado”, como él considera se constituye la devolución de bienes del caso de los ‘Reyes Magos’ (en el que está implicado Jorge Hugo Reyes Torres).

En la actualidad, dio a conocer Ospina, en su país existen 27 mil bienes incautados, de los cuales más del 80% son inmuebles, los  que de estar juntos constituirían una pequeña ciudad dentro de su país.

Todos estos están sometidos a juicios de extinción de dominio, aparte de otros 7 mil con sentencias ejecutoriadas, que pasaron a propiedad del Estado.