El gobierno socialista de Evo Morales logró la  aprobación en la Cámara de Diputados de una ley para otorgar una bonificación a los ancianos, pese a que cinco de los nueve departamentos de Bolivia objetan  que su financiamiento nazca del recorte de fondos públicos regionales que les corresponden.

La  propuesta planteada por el régimen da una renta anual de entre 1.800 y 2.400 bolivianos  (entre $ 231,6 y $ 308,8) a unas 680.000 personas mayores de 60 años con recursos públicos de prefecturas (gobernaciones), municipios, Tesoro General de la  Nación y un fondo indígena.

El aún Proyecto de Ley, que deberá ser ratificado por el Senado, con mayoría opositora, excluyó la reducción de fondos a las universidades públicas debido a las protestas callejeras que estudiantes realizaron en La  Paz y Santa Cruz.

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La medida es resistida por cinco de las nueve regiones del país que si bien apoyan la entrega de un bono a los ancianos, consideran una “injusticia” que su financiamiento surja de los fondos públicos que el mismo Estado les entrega.

Gobernadores y líderes civiles de los departamentos   Santa Cruz  (este), Beni (noreste), Pando (norte), Tarija (sur) y Cochabamba (centro),  fieros opositores al régimen, han dicho que no acatarán la ley del  gobierno y anunciaron protestas para la próxima semana.