Códigos norman convivencia

María Chuncho aviva el fuego encendido en un tronco seco. Así cocina plátanos verdes en una olla de aluminio. El fogón está bajo su casa, levantada sobre unos pilares de madera. En el patio se disputan el espacio una decena de gallinas y seis niños semidesnudos y descalzos.

Alrededor de la vivienda hay cultivos de yuca y plátano, para la subsistencia familiar. Todo tiene su espacio. A unos cien metros está la selva.

La mujer y su familia residen en Coangos, una de las 47 comunidades del Pueblo Shuar Arutam, donde rigen sus propios códigos y leyes, como parte del denominado Plan de Vida de la nacionalidad. Este  contiene medio centenar de artículos que priorizan la preservación del bosque. Una de esas reglas es el derecho de María y cada una de las mil familias del territorio indígena protegido para contar con un área para huerto familiar, pero sin tumbar los árboles.

El bosque es el patrimonio comunitario. Las mil familias constan en un mapa con sus respectivas fincas delimitadas, que no pueden extenderse porque sí. Según el Plan de Vida, de las 200 mil hectáreas del Pueblo Shuar Arutam, el 78% es reserva forestal. De este total, el 28% es intocable, para preservar la flora y fauna, los ríos, las cascadas sagradas. El 18,4 % de las 200 mil hectáreas se dedica a vivienda y sembríos sustentables y tan solo el 3,6% restante es zona de extracción de madera. Esta sale a lomo de mula y su venta deja dinero para la compra de ropa, para salud y educación.

El Consejo de gobierno es el máximo organismo. Está formado por un presidente elegido en asamblea de entre los delegados comunales; lo integra también un consejo de sabios que ponen especial énfasis en el cuidado de la naturaleza. Este órganismo gestiona atención gubernamental; decide sobre prioridades y políticas internas; hace cumplir el código comunitario obligatorio. Incluso ellos autorizan el acceso al territorio de cualquier funcionario de gobierno, de organizaciones no gubernamentales, periodistas, científicos, turistas.

“Nuestro papel es el de organizar nuestra vida social; ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como pueblo indígena... Nosotros no separamos nuestras creencias de nuestra actividad; no separamos la economía de nuestras costumbres y creencias; no buscamos romper el equilibrio que hoy tenemos con los dioses y con los hombres, con el bosque, con la tierra, con las aguas”, refiere el código shuar.

Este atiende problemas civiles como maltrato familiar; así como los que tiene que ver al mal uso del suelo, a la extracción de madera sin permiso. También regula la propiedad de la tierra. Por ejemplo, si el padre o la madre abandonan la familia, por la razón que fuere, los hijos quedan desprotegidos. La tierra y los bienes quedan con el padre, madre o pariente que los cría.

Se consideran faltas graves la agresión física y muerte, robos, corrupción administrativa de los gobernantes, entre otras. También la falta de respeto a la naturaleza, a los sabios y dirigentes. Los castigos son la tuna, ritual donde se bebe la ayahuasca para ir a la cascada sagrada y encontrarse con el dios Arutam en compañía de un  sabio, que lo aconseja. Es una purificación del alma y el cuerpo.

Constan también como castigos la aplicación de ají en el cuerpo, prisión. Indemnización al afectado por un monto doble al daño causado. Pérdida de los derechos de voz y voto en la asamblea por cuatro años.

Santiago Kingman
CARGO: Miembro de Fundación Natura para los shuar.
“Cuando hay una nacionalidad de bosque amazónico esta solo puede sobrevivir en el bosque; si no hay bosque, esta desaparece porque sus integrantes dependen de él. Los shuar tienen una decisión muy grande para cuidar su reserva, pero también se enfrentan a problemas muy grandes, sobre todo porque su salud y su educación están en crisis y se requiere de mucho dinero para solucionar eso. Esas necesidades los obligan a vender madera y de pronto entran en un círculo vicioso, que hasta ahora no se ha dado por sus propias reglas. En los shuar hay una cultura sabia, profunda para proteger el bosque y que lleva cuatro años de perfeccionamiento. Pero no pueden hacerlo solos, es necesario protegerlos y apoyarlos. Ahí viene el rol del Estado, que debe respaldarlos”.