"Creemos que es necesario establecer con claridad el proceso y probablemente tengamos nosotros que pensar en la caducidad del contrato de Petrobras", dijo en una entrevista el funcionario, que supervisa las relaciones contractuales con las petroleras que operan en el quinto productor de crudo de Sudamérica.
La postura de Garaicoa se alinea con las conclusiones de un informe oficial que cuestionó la semana pasada la transferencia de Petrobras PETR4.SA PBR.N a la japonesa Teikoku Oil 1601.T del 40% de sus concesiones y la operación irregular en un campo en disputa con la estatal Petroecuador.
La Procuraduría General tiene la potestad de iniciar un proceso de caducidad, que implicaría la finalización del contrato de Petrobras y la reversión de sus concesiones a manos estatales, incluidos los activos afectos a la extracción de crudo, sin ningún tipo de compensación.
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El Ministerio de Energía deberá resolver el caso si Garaicoa inicia un proceso.
