Se atribuye a las FARC la muerte de alcaldesa, un político y dos religiosos.

Las autoridades policiales iniciaron ayer la investigación del asesinato del aspirante al concejo del municipio de Sevilla, Antonio Colorado Martínez, en el suroeste de Colombia, que era miembro del movimiento Cambio Radical.

El político, de  50 años, quien ya había sido concejal de  esa municipalidad del departamento del Valle del Cauca, fue acribillado de varios disparos por sicarios cuando salía de su sede política en Sevilla.

El asesinato se suma al de la alcaldesa de un pueblo del oeste de Colombia, quien fue asesinada por rebeldes de la guerrilla de las FARC el viernes pasado, según las autoridades.

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El presidente Álvaro Uribe precisó que la Policía ofreció una recompensa de unos 100.000 dólares por información de los asesinos.

Colorado respaldaba la  aspiración a la gobernación de  ese departamento del candidato Miguel Motoa Kuri, también de Cambio Radical y parte de la bancada que apoya  a Uribe.

Distintos sectores políticos de  ese departamento, escenario reciente de hechos violentos reclamaron de las autoridades garantías para  adelantar las campañas políticas de cara a los comicios de octubre próximo.

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Otros dos pastores evangélicos fueron asesinados por presuntos guerrilleros de las FARC, al  sur de Colombia.

Mientras, en el puerto de Buenaventura la Policía enfrenta una guerra contra los narcóticos tras el  incremento de la violencia en la ciudad que ha sido atribuido por las autoridades a las milicias de las FARC.

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En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Araujo, cree que las FARC no devolverán los cadáveres de once diputados muertos mientras estaban secuestrados porque así “entregarían las pruebas materiales de su asesinato”.

De su lado, el portavoz de las FARC, Raúl Reyes, insistió en el despeje militar de unos 800 km2 para un intercambio humanitario de insurgentes presos por la liberación de secuestrados de la guerrilla.