Según fuentes cercanas al caso, el gobierno estadounidense “revisó detenidamente” los documentos de esa solicitud y encontró “ciertas deficiencias” que impedían ejecutarla.
Por ello, vino en febrero del 2003 una misión del Departamento de Justicia y un fiscal federal y se elaboró una lista de los documentos por incluirse, enviada a la Corte Suprema de Justicia cinco meses después.
Esos van desde la copia de la orden de prisión preventiva e identificación de los extraditables, hasta informes de auditoría independientes y resoluciones del Banco Central sobre el banco. En septiembre llegó otra misión, y desde entonces lo que ha habido entre la Embajada de EE.UU. y la Cancillería es un intercambio de notas diplomáticas insistiendo en el envío de dicha documentación, por un lado, y en la ayuda de ese país para la extradición, por otro.
El proceso también se complicó porque en el juicio de los Isaías Dassum, la acusación es objeto de apelación y no se ha resuelto si es peculado o falsificación de documentos.
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“Con esta controversia, ningún juez en EE.UU. va a dar paso a la extradición porque el delito no está claro”, indicó una fuente cercana al caso.
