La falta de recursos impide la ejecución de programas para reforzar la seguridad en las cárceles. Así lo señaló Marco Morales, director de Seguridad y Vigilancia de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), área que ha impulsado al menos cuatro proyectos.
Uno de ellos –presentado hace tres años– que apenas se implementa hoy es la instalación de puertas electromagnéticas y blindadas en el penal García Moreno de Quito, para evitar la evasión de internos.
Para reforzar este mecanismo se prevé implementar un sistema de seguridad computarizado de circuitos cerrados, cuyo costo ascendería a cerca de dos millones de dólares. El proyecto fue presentado hace ocho meses y se realizó un estudio centro por centro.
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En el caso de la Penitenciaría del Litoral se requerirán 20 cámaras. La idea es que funcione como red a escala nacional para monitorear el movimiento en todos los presidios.
Otro proyecto es la implementación de rayos X. Al principio, se dotaría a las cárceles de Quito, Guayaquil, Manabí, Cuenca y a las prisiones de frontera, por considerarlas de alto riesgo. Pendiente está la digitalización de la identidad del reo con su foto y un sistema informático para determinar sus antecedentes jurídicos.
El año pasado, por la declaratoria de emergencia, se solicitaron 300 pistolas de 9 milímetros a un costo de 160 mil dólares. Los recursos reposan en el fideicomiso del Banco Central y no se pueden desembolsar porque prescribió la emergencia.
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Policías y guías se culpan entre sí por fallas en las cárceles.
