TC aceptó demanda de inconstitucionalidad contra consulta popular

El Tribunal Constitucional (TC) aceptó este jueves la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Congreso contra la consulta popular para una Asamblea Constituyente, convocada para el 15 de abril por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a propuesta del Gobierno.

La aceptación de la demanda añade un nuevo ingrediente a la confusa situación política del país, donde 57 diputados fueron destituidos ayer por el TSE, a cuyo presidente, Jorge Acosta, sustituyó el martes el Congreso, medidas rechazadas por los afectados.

El pasado lunes, el Congreso presentó la demanda al TC, al considerar que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por el organismo electoral para la realización de la consulta y la Asamblea Constituyente no respetaba el texto aprobado por el Legislativo sobre esta materia.

La demanda fue devuelta al Congreso por la Corte para que precisase algunos detalles formales y hoy, una vez devuelta, fue admitida a trámite.

El próximo 13 de marzo la demanda se sorteará entre las tres salas del Supremo y, la que corresponda, empezará a partir de esa fecha su estudio, que tiene diversos plazos y que debe durar, al menos, 45 días.
De este modo, la demanda se solventaría como pronto el 27 de abril, doce días después de la consulta popular para la Asamblea Constituyente de plenos poderes y dos días después de que acabe el plazo para conocer los resultados oficiales de la consulta, con lo que no tendría efecto.

El presidente del TC, Santiago Velázquez, al anunciar que se había admitido la demanda, hizo también un llamamiento al "diálogo nacional que permita deponer actitudes de confrontación y alcanzar mínimos acuerdos que permitan hacer realidad la nueva visión que aspiramos para el país".

Velázquez dijo que el país debe "aprender a vivir en democracia, solidaridad, paz y tolerancia, dentro del marco de las normas y disposiciones constitucionales".

El titular del TC instó, además, a "gobernantes y gobernados" a acatar la constitución política y respetar el ordenamiento jurídico nacional".

Velázquez recibió el lunes pasado el documento con la demanda de parte del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y jefe del grupo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carlos Larreátegui.

Larreátegui acusó entonces al presidente Rafael Correa, de pretender "instaurar una dictadura" y afirmó que tanto el gobernante como el TSE se han arrogado funciones que corresponden al Legislativo a la hora de aprobar el estatuto que debe regir la consulta.

El legislador dijo también que el Congreso preparaba un juicio político contra los vocales del TSE que aprobaron la consulta, que fueron cuatro de los siete que componen el organismo electoral.

El martes, el Congreso sustituyo a Acosta, presidente del TSE, por su alterno, Alejandro Cepeda, una resolución no aceptada y considerada ilegal por el organismo electoral y el Gobierno.

Por este motivo, cuatro de los siete vocales del TSE, incluido Acosta, resolvieron el miércoles destituir a 57 diputados de los 100 de la Cámara, acusados de tratar de frenar la consulta popular.

En estas circunstancias, hoy se tuvo que suspender la sesión del Congreso por falta de quórum, ya que sólo estuvieron 28 diputados de la minoría, favorables a la consulta popular, mientras la Policía impedía la entrada a los 57 destituidos a la sala donde se reúne el legislativo.