Según Armas, el fiscal de primer nivel (Carlos Morales) dictó la instrucción y acusó de peculado a los cinco involucrados en el caso, incluidos dos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, semanas antes de conocer –a través de una certificación– que el general José Gallardo, era ministro de Defensa en esa época.

Explicó que cuando llegó dicha certificación, Morales se retiró del conocimiento de la instrucción, cuyo expediente lo remitió a la entonces fiscal general, Mariana Yépez, quien retomó su trámite.

El texto lo remitió a la presidencia de la CSJ para que se notifique con ella a los imputados y se proceda al trámite legal.

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De esta forma, Armas defendió las actuaciones de la Fiscalía en este proceso, que involucra a ex ministro Gallardo, al ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Víctor Bayas, al intermediario de la negociación, Roberto Sassen, y a los representantes de los fabricantes de las armas: César Torres Herbozo y Jean Bertrand Lasnaud.

Según la Fiscalía, ellos están implicados en peculado por el perjuicio de $ 7,3 millones, registrado en la negociación ilícita de 8 mil fusiles de asalto marca FAL y 10 millones de cartuchos calibre 7.6 x 51 mm, los últimos fabricados en 1992.

Este material bélico que se adquirió y pagó no llegó en su totalidad y tampoco se cumplieron las cláusulas del contrato sobre el año de fabricación de las municiones.

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No obstante, para el magistrado Luis Abarca Galeas la Ley aplicable a esta causa y la Constitución determinan que quien debe dictar la instrucción es el fiscal que interviene en el respectivo fuero, en este caso la Ministra Fiscal general (en relación a Mariana Yépez). “Ella no lo hizo y, por tanto, no existía ninguna instrucción”, dijo.

Según Galeas, esta es una omisión, un error que vulnera el respeto al debido proceso, pues el caso no podía iniciarse a cargo de quien no tenía competencia para hacerlo.

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Para la resolución de la apelación, el caso pasará, a una de las dos Salas Penales, que no sea la Segunda.