La actividad ilegal de captación de dinero que efectuaba el ex notario de Machala, José Cabrera Román, involucró hace un año a políticos, jueces, policías y militares. Hay siete juicios pero no  sancionados.

Pese a que hay siete juicios, que en conjunto suman unas 200 mil hojas, ninguna persona está detenida por el denominado caso Cabrera, un año después de la muerte del notario José Cabrera Román y del saqueo a sus oficinas, donde él captaba dinero de miles de personas a cambio del pago de altos intereses.

Carlos Vera Chávez, quien hace un año estaba encargado de la Fiscalía distrital de El Oro y no dictó ninguna medida cuando se hizo pública la captación ilícita de dinero por parte del notario, hoy ocupa ese mismo cargo y tiene como función impulsar los juicios para castigar a los culpables.

Hace un año exactamente, cuando Machala estaba apesadumbrada por la muerte del notario segundo José Cabrera Román, en volantes y en los medios de comunicación de El Oro se difundía el siguiente anuncio de sus hijos José y Carolina: “… En honor a la memoria de nuestro inolvidable padre, honraremos todos los compromisos…”. La Corte Superior de esa ciudad, el 1 de noviembre, incluso había nombrado a José hijo como notario interino.

Ninguna autoridad se preocupó en dictar alguna medida, pese a que “los compromisos” de Cabrera Gallardo tenían relación con un negocio ilícito de captación de dinero a cambio del pago de altos intereses, en el que movía ilegalmente millones de dólares de más de 35 mil depositantes.

Habían pasado 16 días desde la muerte del notario, cuando cientos de sus clientes, entre ellos militares y policías, saquearan sus oficinas  el 11 y 12 de noviembre del 2005. Justo en ese lapso actuaba como ministro fiscal de El Oro (e) Carlos Vera, quien casualmente hoy, a un año de esos hechos, cumple esa misma función desde agosto, por decisión de la fiscal (e) de la Nación, Cecilia Armas.

¿Acaso hubo omisión cuando en esta ciudad la principal preocupación de los ahorristas era recuperar su dinero y los hijos salieron a decir que ellos responderían?

Vera contesta: “El delito de usura se tipifica dentro  del Código Penal como de acción pública de instancia particular, que solo procede cuando hay un denunciante o perjudicado”. Pese a que la gente hacía largas colas en la notaría, el Ministro Fiscal (e) dice que esta “no tenía problemas, todas las actividades eran normales hasta el viernes del saqueo”.

Vera insiste en que él no tiene ninguna responsabilidad, pese a que un abogado involucrado en el caso y que pide la reserva de su nombre señala que si él iniciaba una indagación e intervenía en la notaría hubiera evitado la fuga de los herederos a Estados Unidos así como la extracción del denominado ‘libro rojo’. “Ahí estaban los nombres de los grandes deudores, importadores y bananeros, a quienes el notario les prestaba el dinero con el 15% de interés”, asegura.

El fiscal que no actuó en su momento tiene ahora la responsabilidad de hacer que los jueces castiguen a los culpables. Así marcha el caso Cabrera, que hace un año era como un ciclón que, luego del saqueo la notaría, parecía arrasar con las carreras de funcionarios estatales, judiciales, del Congreso, de entidades de control financiero, comandantes y tropa del Ejército y Policía, presuntamente implicados con el negocio del notario, que días después de su muerte dejó de ser el ídolo de miles de personas. Incluso su cadáver fue exhumado dos veces para comprobar su fallecimiento.

El caso Cabrera judicialmente se ventila en siete procesos, tanto por el saqueo  como por la captación ilegal de dinero. En la Fiscalía hay un cuarto de tres por tres metros donde se almacenan las causas. Son alrededor de 200 mil hojas, con testimonios, cargos y descargos. Más de medio centenar de personas, entre ellos los dos hijos del notario, fueron involucrados con órdenes de prisión. Hoy, un año después, nadie está preso.

Una de las imágenes de aquellas captadas durante el saqueo, donde el cabo de policía Iván Bravo es descubierto con $ 26.300 camuflados en su chaleco antibalas, sirvió para que se decrete su baja y el inicio de un juicio por robo agravado. Similar proceso se siguió contra los policías Jorge Álvarez Aguilar y Eddy Sánchez Garófalo, quienes portaban  $ 18.500 también  camuflados.

Los tres están libres, luego que la Sala Penal decidiera cambiar la figura jurídica del delito. En vez de robo agravado, se puso hurto agravado, que admite caución. Ahora Álvarez ayuda a su padre en un restaurante de Machala, y Sánchez se dedica a la agricultura, en Quevedo. “Se les hizo daño a los jóvenes. Mucha gente involucrada sigue en sus puestos”, expresa Dany Torres, abogado defensor de Sánchez y Álvarez.

Dos comandantes de la FAE y 28 miembros de esa institución, de la Policía y el Ejército también se vieron involucrados, con órdenes de prisión, en los procesos por peculado (uso de aviones del Estado para que los clientes del notario vayan a ver su dinero) y robo agravado, por el saqueo. Todos están libres.

Harry Álvarez, abogado defensor de un grupo de clientes de Cabrera, culpa a la fiscal general, Cecilia Armas. “Ella es una de las responsables  para que no haya sanciones severas”, indica Álvarez, pues la acusa de haber relevado de su cargo al ex fiscal distrital René Ormaza (hoy es agente fiscal en Pasaje), para ubicar a Carlos Vera, quien no acusó a los miembros de la FAE.

Álvarez lamenta además que una instrucción fiscal iniciada por Ormaza, en la que se pedía la prisión de los jueces de la Corte de Machala que nombraron a José Cabrera hijo como notario interino, haya sido desechada por la III Sala Penal de la Corte Suprema.

El Ministerio Público de El Oro también tiene otro cuestionamiento. Tres fiscales (Jorge García Izurieta, Lenín Salinas y Sara González) y el secretario del organismo (Bolívar Figueroa), que figuran en la lista del negocio ilícito que manejaba Cabrera, continúan en sus cargos.

El ministro fiscal Vera reconoce que el secretario Figueroa registra movimientos de $ 50.000 y $ 30.000. “Él está ahora con licencia concedida por la señora ministra Cecilia Armas desde el mes pasado, pero es parte de una indagación previa abierta por María Teresa Bernal contra las personas que tenían más de $ 50.000 de ahorros donde el notario”.

Contra los tres fiscales  hay un proceso interno abierto por Ormaza. “Habría que profundizar. Tendrá que en algún instante resolver al más alto nivel la señora ministra fiscal. Yo solo soy encargado y no puedo imponer sanciones”, refiere Vera. Así, el caso Cabrera se ha convertido solo en un cúmulo de justificaciones y papeles.

LOS JUICIOS

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Involucrados: José y Carolina Cabrera Gallardo, Narcisa Anchundia, Tania González y Rafael Vásconez Peñaherrera.
Detenidos: Ninguno.
Estado: Está para audiencia preliminar en la Corte de Machala. Lo tiene a cargo el ministro juez José Rosales. Se excusaron Efraín Zambrano, Gabriel Izurieta, Germán Carrión, Martha Sánchez y Olga Pazmiño. Los cuatro primeros, por haber sido apelados. Sánchez, porque su esposo es defensor de uno de los imputados; y Pazmiño, porque actuó como defensora.

LAVADO DE ACTIVOS
Contra José y Carolina Cabrera, Narcisa Anchundia y Tania González.
Detenidos: Ninguno.
Estado: El llamado a juicio espera el pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Machala, presidida por Gabriel Izurieta.

DELITO FINANCIERO
Contra José y Carolina Cabrera Gallardo (fotos). Es por captar dinero ilícitamente y por estafa.
La Corte de Machala confirmó hace quince días el llamamiento a juicio y pidió que la Corte Suprema tramite la extradición de los involucrados desde Estados Unidos.

PECULADO
Contra  el Crnel. Óscar Jácome Fraga y el Tnte. Crnel. Pablo López Chávez, miembros de la FAE a quienes se acusa de haber permitido el uso de un avión para un viaje de  acreedores de Cabrera.
Libres  por el pago de caución de $ 10.800 cada uno, dispuesto por Gabriel de Los Reyes. Inicialmente estaban involucrados civiles y miembros de la FAE: mayor Oswaldo Espinoza; tenientes Carlos Córdova Jaramillo, Iván Bolaños Ramírez, Carlos Sánchez Bravo y Byron Pardo González. Germania Padilla, Manuel Córdova, mayor Fabián Duque y su esposa, Ana González; sargentos César Rivas y Kléber Sanmartín; cabos Jorge Icaza Tumbaco, Wilson Romero Benítez; el suboficial Mario Pérez y el mayor Mauricio Paredes. Ellos están libres porque la Fiscalía no los acusó.
Estado: Está por llamarse a audiencia preliminar. Lo conoce el ministro juez Germán Carrión.

ROBO AGRAVADO
Implicados  con orden de prisión, por el saqueo: Mayor de la Policía Édison Sampedro, Tnte. Crnel. del Ejército Mario Miño Razo, mayor del Ejército Patricio Rosa Grandes, sargentos  Telmo Landi Pesantes y Julio Ramón Armijos; sargento de Policía Hugo Ramírez Murillo, cabo del Ejército Ángel Zumba Villarroel y Marcelo del Pozo Dillon.
Estado: En conocimiento de la Corte de Machala.
También estuvieron involucrados los siguientes miembros de la FAE: Crnel. Óscar Jácome Fraga, Tnte. Crnel. Pablo López Chávez, mayor Oswaldo Espinoza, teniente Carlos Córdova Jaramillo, mayor Fabián Duque, sargentos César Rivas y Kléber Sanmartín, Jorge Icaza Tumbaco y mayor Mauricio Paredes. Además el coronel Milton Martínez Chamorro. Ellos están libres porque el ministro fiscal encargado de El Oro, Carlos Vera, no los acusó.

HURTO AGRAVADO
Implicados:  Iván Bravo Carrión, Jorge Álvarez Aguilar y Eddy Sánchez Garófalo. Miembros de tropa de la Policía, dados de baja por el escándalo. Son dos procesos.
Detenidos: Ninguno. Los tres están libres por el pago de una caución de $ 1.080 cada uno.
Estado: La Sala de lo Penal, presidida por Gabriel Izurieta, cambió la figura, en agosto pasado, de robo agravado por hurto, lo que permitió la caución. Los casos los tiene el II Tribunal Penal que llamó a juzgamiento pero las audiencias no se dieron en dos ocasiones.