La Gran Depresión es probablemente uno de los capítulos de la historia de Estados Unidos que más curiosidad, interés y hasta pasiones despiertan. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué tomó tanto tiempo salir de la crisis? ¿Cómo pudo habérsela evitado? ¿Qué lecciones dejó esta tragedia para el futuro? Estas y otras preguntas han recibido las más variadas respuestas de las más diversas escuelas del pensamiento económico y político.

Para muchos la profundización de la crisis y su asombrosa prolongación en el tiempo –casi una década– pudieron haberse evitado si el presidente Herbert Hoover no se hubiese apegado tanto a la ortodoxia de la economía clásica imperante en su época y hubiera sido más flexible, especialmente en la política monetaria (imperdonablemente restrictiva), tasas de interés, gasto público y equilibrio fiscal. Hoover, un republicano convencido de la eficiencia de soluciones técnicas a problemas sociales, había sido electo presidente en 1928, en una época de prosperidad económica. El debacle de Wall Street de 1929 pronto terminaría este optimismo. El desempleo llegó al 25 por ciento. La producción cayó en igual magnitud. Las quiebras se sucedían por semana, el sistema financiero colapsó, esfumándose el ahorro de millones de personas. Tan profunda fue la crisis que ella llegó a afectar las economías europeas, un signo del peso que ya entonces tenía la economía estadounidense en el mundo.

Pese a su impopularidad, Hoover no cambió su política. Es más, en 1932 se presentó a la reelección. Durante la campaña, su oponente, Franklin Roosevelt, lo atacó despiadadamente acusándolo de ser personalmente el responsable por la crisis. Claro que de la otra orilla hay quienes aún sostienen que Hoover no fue sino la víctima de fuerzas incontrolables que se habían venido gestando durante una década.

Lo cierto es que hay un consenso que las políticas de su sucesor –inspiradas en el pensamiento de J. Keynes– contribuyeron a salir de la crisis. Este resultado concreto le dio una envidiable salud al paradigma keynesiano que le ayudó a  sobrevivir hasta fines de los setenta, cuando altas tasas de inflación y desempleo terminaron coexistiendo.

No obstante los daños que se le atribuyeron a Hoover, a nadie –ni al propio Roosevelt– se le ocurrió iniciar contra él acciones penales por peculado. Para comenzar habría sido necesario que toda decisión política que resulte o pueda resultar equivocada haya estado tipificada como delito. Algo que en ninguna sociedad medianamente desarrollada ha  sucedido. Como en toda democracia, fue ante el tribunal de las urnas donde Hoover fue juzgado. Sufrió una humillante derrota y su partido tuvo que esperar veinte años para volver a la Casa Blanca –y eso gracias al prestigio militar de un Eisenhower–. Y no fue sino hasta el triunfo de Reagan, en 1980, que los republicanos lograron finalmente zafarse del fantasma de Hoover.

La manipulación de la justicia penal para juzgar decisiones políticas o económicas es, probablemente, junto con la demagogia, una de las mayores aberraciones de nuestra enferma democracia y que debe terminar.