Impunidad para dirigentes del paro biprovincial dificulta negociaciones

Los dirigentes del paro biprovincial mostraron esta mañana una posición más radical a no ceder en lo que respecta a las garantías que se pide para que a los dirigentes del paro no se les incien causas penales, una vez que se llegue a un acuerdo.

“Mientras no hayan garantías, suspendemos los diálogos”, expresó el prefecto de Sucumbios, Guillermo Miñoz. Este punto es el que falta para que el paro de actividades en estas provincias amazónicas termine, según dijo esta mañana el ministro de Gobierno, Mauricio Gánadara.

Frente a esta situación, el procurador José María Borja aclaró no ser el abogado del Gobierno, sino del Estado. Las declaraciones del funcionario se dan una vez que indicó que independientemente de las negociaciones que mantenga el régimen con los dirigentes del paro, trabajará para que los responsables del desabastecimiento de crudo, sean sancionados como dictan las leyes penales.

“No podemos tener luego de esto (posible acuerdo), persecuciones políticas, legales y penales", señaló Muñoz, al referirse a la situación legal que enfrentarán los dirigentes del paro, en caso de que el Procurador o las petroleras decidan emprender causas penales en contra de los líderes de las protestas biprovinciales.

Por su parte, Gándara señaló que aunque está enterado de la posición de los representantes de Sucumbíos y Orellana, “la Policía no puede consagrar la impunidad”.

Por su parte, Muñoz sostuvo que las provincias amazónicas son víctimas de discriminación, luego de que, dijo, no se le está dando el mismo trato que en su momento se le dio a los forajidos de Quito.

El Ministro sostuvo que aunque existen diferencias en lo que respecta a la impunidad de los dirigentes del paro, se ha llegado a un acuerdo con las demás demandas de los manifestantes.

El asfaltado de 260 kilómetros de carretera en las dos provincias, la aceptación del 16% del 25% del impuesto a la renta para que se invierta en los gobiernos seccionales, y la contratación de habitantes de las provincias amazónicas por parte de las petroleras, han sido acordadas por las partes, aseguró el Ministro de Gobierno.

Juicio político contra Gándara
Por su parte, la legisladora amazónica Martha Hidalgo (ID) sostuvo que un juicio político contra Gándara es una propuesta que es apoyada por varios diputados, que no están de acuerdo con la "represión policial" que se dio a los manifestantes del paro biprovincial.

En la mañana, en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil, el diputado Carlos González, también de la Izquierda Democrática (ID), dijo que "hay que pedir al Presidente de la República (Alfredo Palacio) la renuncia del ministro Gándara por su prepotencia y su norma de conducta”.

Para González, el Ministro de Gobierno debe tener "serenidad y tranquilidad", y descartó que Gándara tenga estas características.