La investigación del posible desvío de fondos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para financiar las contramarchas que apoyaron al ex presidente Lucio Gutiérrez se extenderá a otras instituciones públicas, informó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC).
“Por ahora, no podemos adelantar cuáles son las instituciones”, dijo ayer el comisionado Ricardo Vanegas. Entre ellas estarían consideradas, por ejemplo, el Banco del Estado (Bede), la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Fondo de Solidaridad (FS), Pacifictel y el Ministerio de Bienestar Social.
Según la CCCC, durante la gerencia de Carlos Arboleda en la AGD, el Gobierno utilizó fondos públicos para financiar las movilizaciones de apoyo a Gutiérrez. Arboleda, de su lado, negó tales acusaciones y dijo no conocer los recibos que –según el comisionado Vanegas– prueban el desvío de dinero de la Agencia.
Publicidad
La Comisión Anticorrupción, además, asegura que habría irregularidades en 38 contratos con más de 20 abogados externos, por $ 3,3 millones. Varios juristas manifestaron que no estuvieron vinculados con la administración de Arboleda y justificaron el cobro de honorarios por las demandas que tomaron.
Carlos Ayala Campos, uno de ellos, expresó que celebró un contrato el 12 de julio del 2004 en la administración de Ramiro Espín, como “secretario de los juicios coactivos de los Bancos Compactados Costa, siendo relevado de mis funciones el 12 de septiembre del mismo año, por el coronel Arboleda, quedando en funciones de abogado impulsor”.
Sostiene que se hizo cargo de 120 juicios, de los cuales, “efectivamente he cobrado facturas en forma totalmente legal y de conformidad con la tabla de honorarios aprobada por el directorio”.
Publicidad
Publicidad
Gisele López Chang, abogada que presta sus servicios en el juzgado de coactiva actualmente, argumentó la legalidad de los honorarios. “Dejo sentada mi enérgica protesta por este atropello a mi buen nombre. Exijo a la CCCC se abstenga de lanzar acusaciones”.
