La Fiscalía acusó de enriquecimiento ilícito al juez 4º de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, y solicitó su prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y de abandonar el país.
Mediante un dictamen acusatorio, el fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesantes, determinó que Altamirano se aprovechó de su cargo para incrementar sus bienes, algunos de los cuales no fueron incluidos en su declaración juramentada.
El dictamen fue entregado al presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, quien notificó a las partes (acusado y acusador). Cumplido este requisito, Moscoso cuenta con 10 días para convocar a la audiencia preliminar de juzgamiento, que se efectuará en un lapso no menor de 10 días, ni mayor de 20.
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El dictamen fiscal toma en cuenta el informe de la Contraloría, que determinó presunciones de enriquecimiento ilícito contra el juez en el periodo 1994-2004, tiempo en el que se desempeñaba en la función Judicial.
En esa década, Altamirano recibió como remuneraciones 295.739 dólares y no los 390.799 que declaró.
A opinión del fiscal, el testimonio del juez, en el que afirmó que todos los sueldos que percibió los invirtió en la compra de bienes, “es una afirmación sin sustento documental”.
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Entre las propiedades del juez, puestas a nombre de sus hijos (dos estudiantes universitarios que no laboraban), constan: una finca de 35.000 metros cuadrados, ubicada en Riobamba (avaluada en 202.692 dólares); copias de las matrículas de dos vehículos; departamento ubicado en la urbanización La Granja de Quito (48.310 dólares).
A nombre de Altamirano y de su cónyuge, consta un lote de terreno en la parroquia de Alangasí, avaluado en 29.250 dólares y un vehículo.
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En la adquisición de las propiedades, según la Fiscalía, Altamirano invirtió 373.622 dólares.
