Discapacitados se tomaron buses y sacaron torniquetes

Discapacitados,  jubilados y estudiantes anunciaron que hoy continúan con el retiro.

Desde ayer, los discapacitados de Asodis-G, jubilados, estudiantes y miembros de otras entidades participaron en el retiro de torniquetes en cinco buses urbanos.

La acción la ejecutaron con delegados de la Defensoría del Pueblo, entidad que aplicó la disposición del juez Sexto de lo Civil, Franklin Ruilova, quien resolvió el retiro de estos dispositivos.

También contaron con el respaldo de aproximadamente 30 miembros de la Policía Nacional que trataron de organizar el tránsito y a los manifestantes.

Cerca de las 09h30, en las avenidas Quito y Nueve de Octubre, empezaron a sacar los torniquetes. En estas calles retiraron tres aparatos.

Luego emprendieron una marcha hasta la Gobernación, por la Av. Nueve de Octubre. En el camino retiraron dos torniquetes más.

Aunque pidieron dialogar con el gobernador, Efrén Roca, fueron atendidos por el coordinador de esta dependencia, Galo Bonifaz.

Los gremios anunciaron que se reunirán hoy en la Av. Quito y  Nueve de Octubre para continuar el retiro de los dispositivos en los buses.

Desde las 09h30, miembros de la Asociación de Discapacitados del Guayas (Asodis), jubilados,  estudiantes y sus familiares se reunieron en la intersección de las calles Nueve de Octubre y Quito para retirar los torniquetes de los buses de transporte urbano.

Con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y la vigilancia de la Policía Nacional, cerca de 50 personas cerraron la calle y detuvieron a varias unidades para retirar,  con playo y desarmador, los torniquetes.

Los discapacitados, con sus sillas de ruedas y muletas, se colocaban delante de los vehículos y ante ello los choferes se vieron obligados a parar. Así, los estudiantes, jubilados y simpatizantes subieron a los buses para retirar los dispositivos.

El primer bus en quedarse sin torniquete fue uno de la línea 115. No en todos los intentos tuvieron éxito.  Algunos conductores no se detuvieron, otros no abrieron las puertas.   El malestar se reflejó también en los pasajeros de los buses detenidos.  Los niños bajaban llorando. Los adultos, como Juan Sánchez, se quejaban porque debía llegar a su trabajo y no lo hizo a tiempo porque la manifestación se lo impidió.

Luego, los protestantes detuvieron un bus de la línea Panorama al que retiraron el torniquete.  20 minutos después hicieron lo mismo en otro vehículo de la línea 83.

Mientras alzaban varios torniquetes en señal de triunfo,  al pie del Palacio de Justicia, Tania Varas y su hermana que no se identificó, se mostraron contrariadas por la acción.
Varas es dueña de un bus de la línea 35, según indicó.  Ella defendía el uso de estos aparatos y dijo que sin ellos sería difícil llevar el control del negocio.  Su hermana  indicó ser su administradora y manifestó su preocupación.  Nerviosas y visiblemente  molestas ante la multitud que las acusaba y cuestionaba, fueron agredidas por varias mujeres, que, enojadas, gritaban por los derechos humanos.

Cerca de las 11h30 iniciaron una marcha pacífica y se encaminaron hasta la Gobernación. Junto a ellos marcharon la asociación de padres de personas con discapacidad “Caminemos juntos” y varios miembros del Colegio de Periodistas.  En la Av. Nueve de Octubre y Rumichaca  quitaron el torniquete a un bus de la línea 145. En Nueve de Octubre y García Avilés retiraron uno de la línea 55. 

Al llegar a la calle Pichincha, oficiales de la CTG desviaron la marcha que debió ir por el Malecón.

El gobernador Efrén Roca no los recibió; Galo Bonifaz, coordinador de la Gobernación recibió el torniquete que llevaron los discapacitados y otros gremios, quienes anunciaron que hoy desde las 09h00 en el mismo lugar continuarán el retiro de los mismos. Alejandro Vargas, de la Federación de Estudiantes Secundarios,  indicó que si no se retiran al menos el 50% de los torniquetes hasta el inicio del año escolar, paralizarán la ciudad. 

El 27 de enero pasado, el juez Sexto de lo Civil,  Franklin Ruilova acogió y aceptó la acción presentada por Patricia Castro, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, que tenía por objetivo dejar sin efecto el plazo hasta el 25 de julio que le otorgó la Gobernación a los transportistas para retirar los torniquetes.