La decisión de la fiscal general, Mariana Yépez, de solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que dirima la competencia de la causa que se planteó en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de usurpación, según Participación Ciudadana (PC), pone en duda la legitimidad de la corte electa por el Congreso, el pasado 8 de diciembre.
Según PC, al entregar la demanda al TC, propuesta por el jurista Ramiro Aguilar, Yépez reconoció que la CSJ electa en 1997 sigue teniendo jurisdicción para conocer las causas, pues la competencia solo se dirime entre quienes ejercen jurisdicción.
Por ello, los magistrados designados mediante resolución podrían no tener tal jurisdicción; pues si la tuvieran, la fiscal, sostienen los voceros de PC, se habría limitado a archivar la denuncia.
