La mayor guerrilla izquierdista colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), rechazó el condicionamiento que le impuso el presidente Álvaro Uribe para no extraditar a EE.UU. a uno de sus máximos jefes a cambio de que liberen a un grupo de secuestrados y dijo que es un mecanismo de presión y chantaje.

Uribe anunció el pasado viernes que está dispuesto a suspender la extradición del líder de las FARC, Simón Trinidad a EE.UU. para que responda por narcotráfico y secuestro, si esa guerrilla libera antes del 30 de diciembre a 63 secuestrados.

“La extradición es un mecanismo de presión y de chantaje usado por Uribe contra sus contradictores políticos y muy particularmente para la oposición política armada”, dijo por internet del jefe de las FARC, Raúl Reyes, divulgada el domingo en la noche por el telenoticiero Noticias Uno.

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La oferta de Uribe, que desató una polémica, fue considerada por varios analistas y políticos como una jugada audaz del mandatario para presionar a los rebeldes a que liberen a los extranjeros, los políticos y los militares secuestrados.

La respuesta de Reyes hace prever, de acuerdo con los analistas, que las FARC no accederán a la demanda de Uribe y que Trinidad, considerado el guerrillero de más alto rango actualmente encarcelado, será extraditado.

También aseguraron que un eventual acuerdo humanitario para buscar la liberación de un grupo de rehenes en poder de las FARC a cambio de la excarcelación de guerrilleros encarcelados podría alejarse aún más.

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Además Reyes, miembro del secretariado de las FARC, aseguró que el proceso de desmovilización de los paramilitares es una burla al pueblo colombiano y a la comunidad internacional.

Uribe también congeló la extradición de Salvatore Mancuso, máximo jefe paramilitar, debido a que se encuentra liderando el proceso de desmovilización de miles de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Mancuso igualmente ha sido solicitado por EE.UU.
acusado de narcotráfico.

Mientras, en Washington, el departamento de Justicia de EE.UU. aprobó el uso de tres millones de dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional, para colaborar en la desmovilización de combatientes paramilitares colombianos.

La decisión debe ser ratificada por el departamento de Estado y el Congreso.

Los recursos se destinarán al desarme de combatientes y su reintegración a la vida civil.

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