Histórica visita de 3 jefes paramilitares al congreso colombiano

El salvoconducto que dio el gobierno a los paramilitares provocó el rechazo de sectores políticos.

En una histórica y polémica comparecencia ante el Congreso de Colombia, tres líderes paramilitares de extrema derecha defendieron ayer el proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, pidieron nuevas zonas de concentración de combatientes y rechazaron la cárcel como castigo a sus crímenes.

Bajo extremas medidas de seguridad, los tres jefes más representativos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Ernesto Báez (también llamado Iván Roberto Duque), y  Ramón Isaza, acudieron al Parlamento tras abandonar –con un permiso especial de  48 horas emitido por el gobierno– la población de Santa Fe de Ralito, donde están concentrados para los diálogos de paz.

Mancuso, líder máximo de las AUC,  emitió un discurso que superó el límite de los 20 minutos pactados, en el que se desbordó en ataques contra las guerrillas, responsabilizó al Estado por el conflicto armado, demandó garantías para los paramilitares desmovilizados y una “salida digna” para los combatientes que participan en el proceso de paz, como recompensa por combatir durante dos décadas a las guerrillas.

Mancuso pidió al régimen colombiano autorizar más zonas de ubicación para los combatientes, adicionales a la de 368 km2 existente en el departamento de  Córdoba, considerada bastión histórico de las AUC y cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito (750 km al norte de Bogotá).

Sugirió la instalación de zonas de ubicación en lugares como el  Magdalena Medio (centro), el sur de Bolívar (norte), Cundinamarca (centro), los  Llanos Orientales o Norte de Santander (este).

Báez, jefe político de las AUC, aseguró que una solución del conflicto armado requiere el reconocimiento de que en el país hay una “narcoeconomía  de guerra”.

Según Báez, el narcotráfico generó recursos por 38.000 millones de dólares entre 1980 y 1996, que penetraron en todas las esferas de la sociedad y el Estado  colombiano, y nutrieron a los grupos armados.

Los paramilitares son acusados de crímenes atroces y de narcotráfico,  por los que incluso son pedidos en extradición por Estados Unidos.  

Fuerte oposición
Uno de los más fuertes opositores a la realización de la audiencia, el representante Gustavo Petro, dijo: “Esto es un sometimiento de las instituciones al narcotráfico. Mancuso vino al Congreso con la intención de  dirigirse como un político cuando en realidad es un capo del narcotráfico”.

La controvertida presencia de los paramilitares en el Congreso coincidió  con el cuestionamiento que hizo el régimen a las negociaciones, al admitir que atraviesan una grave crisis de credibilidad y responsabilizar a la Organización de Estados Americanos (OEA) de no  cumplir con su misión de verificar el cese de hostilidades y la desmovilización decretados por las AUC el pasado 1 de diciembre del 2002.

“No nos digamos mentiras, (los paramilitares) han seguido asesinando, han  seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, poniendo al gobierno  entre los palos”, afirmó el vicepresidente Francisco Santos.