El 22 de noviembre del 2002, el entonces canciller Heinz Moeller remitió al procurador, Ramón Jiménez, un oficio en el que explicó que la Cancillería ecuatoriana convino con el Gobierno de EE.UU. otorgar cierto tratamiento al tema de la devolución del IVA a las petroleras.
Parte del texto dice: “El Gobierno del Ecuador está dispuesto a tratar sin dilación las preocupaciones mencionadas por las compañías petroleras de los EE.UU. respecto al asunto del IVA, incluyendo una demanda que Occidental podría presentar conforme al Tratado (...) sobre el estímulo y la protección recíproca de las inversiones”.
También indica: “Las decisiones arbitrales serán públicas, obligatorias para todas las partes, de ejecución automática y no sujetas a apelación”.
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Moeller indicó a Jiménez que dicho texto posibilitó la extensión de los beneficios arancelarios para el Ecuador en EE.UU. (sistema de preferencias o Atpdea).
