La toma del edificio del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) continuaba, hasta ayer en la tarde, sin solución, mientras el Gobierno sostuvo que es la Fiscalía del Estado la que debe actuar para sancionar a quienes protagonizan la medida.
Cerca de 30 indígenas de la Federación provincial del centro shuar de Sucúa llegaron ayer a Quito y se instalaron en el edificio del Codenpe para exigir que se deje sin efecto los decretos mediante los cuales se ordenó la reestructuración de ese organismo y la designación de Nelson Chimbo como secretario ejecutivo.
Un grupo custodiaba las puertas del Codenpe, ubicado a pocos pasos del Palacio de Carondelet, por lo que la entrada y salida del edificio estuvieron restringidas.
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Para abastecer de alimentos a cerca de 50 personas que se encontraban en el interior (incluidos unos 20 miembros de la Ecuarunari, filial de la Conaie en la Sierra), se utilizaron un balde y una soga que llegaban hasta el segundo piso de la edificación.
Entre tanto, Chimbo se reunió ayer con el subsecretario de Gobierno, Marco Landázuri, para solicitarle que se dicten medidas que permitan desalojar el Codenpe.
El subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Carlos Larrea, señaló que es la Fiscalía del Estado la que debe actuar de oficio en el tema, “pues la toma de instalaciones públicas es un delito sancionado por el Código de Procedimiento Penal”.
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La posesión de Chimbo se produjo la semana anterior, pero hasta el momento no puede asumir su despacho. Ayer hizo un llamado a los líderes de la Ecuarunari para que depongan la protesta e inicien un diálogo; garantizó, además, la permanencia de los empleados del Codenpe.
